El Estado peruano enfrenta una grave crisis en la respuesta a la desaparición de mujeres y niñas: entre enero de 2023 y mayo de 2025 se presentaron 45,073 denuncias, de las cuales el 58% corresponde a mujeres y adolescentes.
Sin embargo, la ejecución presupuestal destinada a la búsqueda es deficiente: el Programa de Seguridad Ciudadana, encargado de financiar las funciones policiales, solo ejecutó el 48,4% de los recursos asignados, dejando sin uso más de la mitad del dinero planificado.
Aumenta el presupuesto, pero no la eficacia
El Presupuesto General de la República creció 17,2% en el periodo analizado, pero ese incremento no se tradujo en más recursos operativos efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas.
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El Informe de Análisis de Presupuestos Públicos 2023-2025 advierte que la mayor parte del aumento no reforzó la logística, la intervención territorial ni las acciones de investigación.
Por el contrario, se redujeron los fondos destinados a bienes y servicios clave y no existe un clasificador presupuestal que permita monitorear cuánto invierte realmente el Estado en esta problemática.
La urgencia de actuar en las primeras horas
La baja ejecución presupuestal impacta directamente en la operatividad de las instituciones encargadas de la búsqueda, especialmente durante las primeras horas, consideradas decisivas para encontrar con vida a las víctimas.
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De las más de 45 mil denuncias registradas en dos años, solo el 52% de las personas reportadas como desaparecidas fue ubicada. Las adolescentes de 12 a 17 años concentran casi la mitad de los casos.
Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, advierte que “la desaparición es una manifestación grave de la violencia de género.
No basta con tener leyes si el Estado no pone los recursos para cumplirlas”. Agrega que la falta de presupuesto y los estereotipos persisten como barreras para la búsqueda efectiva.
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Impacto de la inacción estatal y el costo social
El déficit presupuestal genera un círculo de impunidad: la respuesta estatal tardía transmite permisividad y desprotege a las víctimas.
Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, sostiene que “si hay impunidad y no hay una respuesta adecuada, se transmite que se pueden seguir desapareciendo mujeres y niñas sin que pase nada”.
La campaña Búscalas, impulsada por organizaciones de la sociedad civil y respaldada por la Unión Europea, denuncia que herramientas como la Línea 114 pierden efectividad si no cuentan con financiamiento real.
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El testimonio de Carlos Rodríguez, padre de una víctima, ilustra el costo humano de esta inacción: “En el Perú, la víctima pierde automáticamente sus derechos, mientras el victimario los mantiene. La tragedia que vivimos afectó a toda la familia”.
Falencias en la gestión pública y demanda de reformas
La baja ejecución presupuestal y la falta de instrumentos de seguimiento, como un clasificador específico, reflejan debilidades en la gestión y priorización del gasto público.
La campaña exige la creación urgente de un mecanismo que permita monitorear en detalle el uso de los recursos y que se garantice la operatividad en las primeras horas de la búsqueda.
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El cierre de la campaña incluyó una acción simbólica en memoria de las víctimas, recordando que cada minuto sin recursos suficientes aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y niñas desaparecidas en el Perú. La demora en la respuesta estatal puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
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