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Militares omitieron protocolos en Huancavelica: debieron avisar a la policía antes de intervenir, señala Pedro Yaranga

El especialista en narcotráfico cuestionó que la intervención, que dejó cinco jóvenes muertos, se realizara sin presencia de agentes antidrogas, pese a que cerca a la zona hay una comisaría

La imagen compuesta muestra a un grupo armado, la camioneta involucrada en un operativo militar y un panelista discutiendo los cinco muertos presuntamente inocentes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. (Ejercito)

El operativo militar realizado en la zona de Colcabamba, en la región andina de Huancavelica, en Perú, que dejó cinco jóvenes muertos y dos heridos, sigue generando cuestionamientos. Esta vez, el analista especializado en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga afirmó que la patrulla del Ejército habría actuado sin cumplir procedimientos básicos de coordinación con la Policía Nacional (PNP).

En declaraciones a la emisora Exitosa, Yaranga sostuvo que una intervención relacionada con presunto tráfico de drogas no debió realizarse solo con presencia militar, sino con participación de unidades policiales especializadas y bajo conocimiento del Ministerio Público, entidad encargada de dirigir las investigaciones penales en Perú.

Cuestionan falta de coordinación con la Policía

El especialista explicó que, cuando las fuerzas de seguridad reciben información de inteligencia sobre el posible traslado de droga, lo habitual es comunicar el caso a la policía especializada para planificar una operación conjunta y garantizar que se actúe dentro del marco legal.

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“En el comunicado del Comando Conjunto se apresura al decir que la patrulla recibió el primer disparo. El comunicado sí indica de que la patrulla estaba haciendo control territorial, que significa que son puramente militares, sin participación policial, porque si hubiera se habla de fuerzas combinadas [...] Igualmente creo que han obviado algunos protocolos de intervención”, sostuvo.

Según indicó, en este caso no hay evidencia clara de que se haya convocado a agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), pese a que en el distrito de Colcabamba existe presencia policial.

“No sé por qué es que no se ha solicitado la presencia de algún especialista, por ejemplo de la Dirando, estaban cerca a la comisaría de Colcabamba, tranquilamente podrían haber comunicado a la comunidad y allí sí existe policía antidroga”, refirió.

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Yaranga también cuestionó la rapidez con la que se difundió la versión oficial inicial, en la que se afirmó que los militares respondieron a un supuesto ataque armado desde el vehículo intervenido. A su juicio, esa conclusión se presentó antes de que concluyeran las pericias.

“No había armas ni droga”

Otro de los puntos señalados por el analista fue la información conocida posteriormente sobre la camioneta en la que viajaban las víctimas. Según indicó Antony Crespo, abogado de las familias de las víctimas, en el vehículo no se hallaron armas ni droga tras la intervención. “No había ni una sola arma, a ninguno, ni en sus pertenencias ni en sus vehículos, se le ha encontrado ni una sola arma. Y eso tiene que quedar claro”, sostuvo.

De confirmarse plenamente esa versión en la investigación oficial, añadió Yaranga, correspondería revisar si la respuesta de la patrulla respetó los principios de proporcionalidad y uso gradual de la fuerza.

¿Qué ocurrió en Colcabamba?

El hecho ocurrió en el sector Puente Mellizo, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, una zona conectada con rutas utilizadas por redes del narcotráfico que operan entre el VRAEM y otras regiones del país.

Ocho personas viajaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por militares. Cinco ocupantes murieron, dos resultaron heridos y una persona escapó inicialmente antes de entregarse posteriormente a las autoridades. Familiares de las víctimas sostienen que los jóvenes regresaban de participar en un torneo de fútbol, versión que también forma parte de las investigaciones.

Ricardo Acuña Quispe denunció que militares lo obligaron a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenaza de muerte tras el operativo en Colcabamba. Cinco personas murieron durante la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM. Epicentro TV

A ello se ha sumado la declaración y grave acusación de uno de los sobrevivientes contra el personal del Ejército. Se trata de Ricardo Acuña Quispe, quien relató que el 25 de abril, mientras regresaba de Huayllaba en una camioneta junto a sus primos, fue interceptado por un grupo de personas vestidas de civil y encapuchadas.

“Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huayllaba”, afirmó Acuña en Epicentro TV. Según su testimonio, al no reconocer a los atacantes como militares debido a su indumentaria, el conductor intentó huir creyendo que se trataba de delincuentes.

Acuña detalló que, tras el tiroteo, se ocultó por temor a ser víctima de un asalto. Más tarde, al constatar la presencia de una patrulla militar, se entregó convencido de que ya no corría peligro. Sin embargo, indicó que fue forzado a declarar que transportaba armas y drogas, pese a que en el vehículo no se halló ninguna sustancia ilícita ni armamento.

“En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, nada”, afirmó. Según Acuña, los efectivos militares lo amenazaron con armas y lo presionaron para firmar un acta autoincriminatoria.

“No hemos trasladado nada, ningún droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya”, sostuvo. El sobreviviente subrayó que únicamente regresaba de un partido de fútbol junto a sus familiares cuando ocurrió el ataque.

Investigación en marcha

La Fiscalía peruana mantiene abiertas las diligencias para establecer si hubo incumplimiento de protocolos, uso excesivo de la fuerza o errores en la información de inteligencia que originó la operación. Inicialmente, ocho militares fueron detenidos de manera preliminar mientras se realizaban las primeras investigaciones; sin embargo, posteriormente recuperaron la libertad al vencerse el plazo legal de detención sin que se solicitara una ampliación de la medida.

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