Junta Nacional de Justicia: ¿Cuál es el plazo legal para la elección del nuevo titular de la ONPE?

Tras la renuncia de Piero Corvetto, el ente encargado debe cumplir un periodo establecido para concretar la designación, en una coyuntura marcada por la presión pública para asegurar transparencia electoral

Comunicado oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) donde se acepta la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas a la jefatura de la ONPE por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la designación de Bernardo Juan Pachas Serrano como jefe interino.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta el reto de cubrir la vacante en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la reciente renuncia de Piero Corvetto. Según la normativa vigente, este organismo cuenta con un plazo máximo de 45 días hábiles para designar al nuevo jefe de la ONPE, un proceso que se realiza en un contexto de alta sensibilidad política y social, enmarcado por la proximidad de eventos electorales claves en el país. El plazo responde a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, que regula la sucesión y la cobertura de vacantes en dicha institución.

La salida de Corvetto se concretó el 22 de abril de 2026, en medio de cuestionamientos por supuestas irregularidades relacionadas con la logística electoral y la entrega de material para los comicios. Según la resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, la Junta Nacional de Justicia formalizó la vacancia y se activaron los mecanismos legales para garantizar la continuidad en la dirección de la ONPE.

¿Qué establece la Ley Orgánica de la ONPE?

El artículo 15 de la ley establece que, ante la renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa de vacancia del jefe de la ONPE, la Junta debe declarar dicha vacancia en un plazo de cinco días y proceder luego con la designación de un nuevo titular en un periodo que no excede los 45 días hábiles.

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Durante el periodo de transición, la ley prevé que el funcionario de mayor jerarquía inmediatamente inferior asuma la jefatura de manera provisional. En este caso, el gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano, tomó temporalmente la dirección de la ONPE. Es por ello que se le denomina jefe interino de la ONPE. Esta medida busca evitar la paralización de las funciones de la entidad, sobre todo en momentos en los que se desarrolla un proceso electoral o se preparan futuras jornadas de votación. La ley también contempla un máximo de tres días para que el interino se mantenga en el cargo, hasta que la JNJ tome una decisión definitiva.

Bernardo Pachas, funcionario de la ONPE, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa sobre la organización de elecciones. (ONPE)

De acuerdo con declaraciones del exprocurador anticorrupción Javier Pacheco, recogidas por RPP Noticias, el plazo de 45 días hábiles representa una garantía para que el proceso de selección sea exhaustivo y transparente. “La Junta Nacional de Justicia cuenta con un plazo máximo de 45 días hábiles para designar al nuevo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, precisó el especialista, considerando la importancia de la ONPE en la organización y fiscalización de las elecciones en el país.

El reto de un nuevo jefe de ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales es responsable de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales en Perú. Por eso, la designación de su máxima autoridad reviste una importancia estratégica, especialmente cuando el país se encuentra ad portas de elecciones generales o locales. La vacancia en la jefatura puede generar incertidumbre sobre la continuidad de las labores técnicas y administrativas necesarias para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios.

El proceso de selección que lleva adelante la JNJ implica la convocatoria pública, la evaluación de los candidatos y la realización de entrevistas y exámenes de idoneidad. Durante este lapso, la Junta debe asegurar que el perfil seleccionado cumpla con los requisitos legales y éticos para conducir una entidad clave en el sistema democrático. La transparencia y la imparcialidad en esta etapa son elementos críticos.

En la última década, la designación de los jefes de la ONPE ha estado marcada por la presión social y política, dado el impacto que sus decisiones pueden tener sobre el desarrollo de los procesos electorales. La reciente crisis, generada tras la renuncia de Corvetto, ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los órganos electorales. Las irregularidades detectadas durante los comicios, que motivaron la salida de Corvetto, han sido objeto de atención mediática y análisis por parte de organizaciones de la sociedad civil.

Labor de la JNJ para encontrar sucesor de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia, como órgano autónomo encargado de la selección y remoción de los titulares de organismos electorales, enfrenta el desafío de actuar con celeridad, pero sin sacrificar el rigor en la evaluación de los postulantes. El plazo de 45 días hábiles ofrece un margen suficiente para cumplir con las etapas del proceso y para responder a eventuales impugnaciones o tachas que pudieran surgir durante la selección.

Mientras tanto, los actores políticos y sociales mantienen la expectativa sobre los nombres que podrían postular al cargo, así como sobre los criterios que empleará la JNJ para asegurar la idoneidad y neutralidad del futuro jefe de la ONPE. El desenlace de este proceso será determinante para la confianza ciudadana en el sistema electoral peruano y para el desarrollo de los próximos comicios.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

De acuerdo con las fuentes consultadas, la resolución de las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales y la normalización de la dirección en la ONPE son pasos imprescindibles para avanzar hacia la conclusión del proceso electoral en curso. El país aguarda que la Junta Nacional de Justicia cumpla su mandato dentro de los plazos legales y garantice la continuidad institucional en uno de los momentos más sensibles para la democracia peruana.

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