La crisis de combustible desatada por la falla en el ducto de Camisea, en Cusco, llevó al Gobierno a anunciar una ofensiva contra la especulación y el acaparamiento de combustibles.
Ante el desabastecimiento de gas natural y la preocupación generada entre la ciudadana, Denisse Miralles, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ordenó este viernes 6 de marzo una serie de medidas excepcionales para asegurar el suministro a hogares y servicios esenciales.
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En ese sentido, la funcionaria explicó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intensificará la fiscalización en los grifos, con el objetivo de impedir maniobras de especulación y acaparamiento de combustibles. Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reforzará la supervisión tanto del abastecimiento como de la distribución.
Miralles precisó que el Código de Protección al Consumidor será revisado para tipificar el acaparamiento durante emergencias como una infracción grave, lo que habilita la imposición de sanciones a quienes incurran en estas conductas. El mensaje fue claro: el Gobierno no permitirá abusos que perjudiquen a la población en un momento crítico para el país.
Refuerzo en la fiscalización y advertencia a los grifos
En la conferencia de prensa, el encargado del Ministerio de Economía (MEF), Gerardo López, subrayó que el Estado, a través de diversas entidades fiscalizadoras, “hará lo propio” para controlar la situación. “Ya se ha anunciado todo un esquema de fiscalización y control, pero es cierto que debemos evitar estas prácticas también”, afirmó.
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López insistió en la importancia de la vigilancia y la denuncia frente a cualquier intento de manipular el mercado. “El Estado pone a su disposición una serie de recursos al respecto, pero sí es importante también combatir estas prácticas y lo haremos con las herramientas que nos franquea la norma”, advirtió el titular de Economía.
Por su parte, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Victorino Alfaro, remarcó que el stock de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es suficiente y que no existen razones reales para especular.
Alfaro comparó la situación con episodios de compras excesivas durante la pandemia de COVID-19, cuando la percepción colectiva de escasez llevó a conductas de acopio injustificadas.
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“A veces cuando se forma en el colectivo una idea de que va a escasear, empieza la especulación, pero la gente puede evidenciar que hay GLP. El problema que está habiendo ahora es el transporte”, puntualizó.
El Ejecutivo autorizó el uso temporal de vehículos adicionales para el traslado de gas mientras se resuelve la falla en el ducto de Camisea. “Estamos autorizando nosotros que esos carros, pues momentáneamente puedan transportar mientras se supera este problema. Estamos prácticamente en una situación de guerra”, agregó Alfaro en diálogo con Infobae.
Transporte público también bajo vigilancia
En tanto, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) exhortó a los propietarios de grifos en la capital a cumplir la norma que da prioridad al abastecimiento de buses de transporte público en el contexto de la escasez de gas natural vehicular (GNV).
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El presidente del consejo directivo de la ATU, David Hernández, pidió responsabilidad y cumplimiento de las disposiciones oficiales. “Los grifos no deben elevar los precios, no deben vender a quienes no deben ni incumplir con la priorización”, afirmó Hernández, según Infobae.
Algunos corredores viales reportaron dificultades para abastecerse de GNV, mientras que la Dirección General de Hidrocarburos fue informada para tomar medidas sobre las estaciones que no cumplen con la priorización.
Hernández confirmó que los grifos identificados se están cerrando y que quienes incumplen la normativa son denunciados ante Fiscalización.
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