Aumento de pensión para maestros a S/3.500 estaba en agenda del Pleno, pero no se votó

El dictamen observado por la expresidenta Dina Boluarte vuelve a estar en agenda del Pleno, pero no en el apartado de las medidas que se aprobarán por insistencia

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La pensión de S/3.500 regresa al Congreso para su aprobación or rechazo final. - Crédito Andina

La controvertida medida del aumento de la pensión para maestros jubilados y cesante regresa al Congreso, pero con mayor monto. Técnicamente es el mismo, equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. Sin embargo, con el aumento de estos montos ahora el nuevo valor es de S/3.500,70 (antes de S/3.3600,30).

Esta medida fue observada por Dina Boluarte el 7 de octubre, a pocos días antes de que la expresidenta fuera vacada, y se regresó al Congreso para no ser vista hasta, supuestamente, ahora.

Esta medida ha quedado registrada como parte de la agenda del Pleno del Congreso de este jueves 5 de marzo, pero no se discutió; sin embargo, sí fue exonerada de pasar por la Comisión de Economía y ahora se encuentra bajo el apartado de ‘autógrafas observadas’ la agenda de la sesión del jueves.

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La propuesta para aumentar las pensiones de los maestros y cesantes jubilados seguía dando vueltas en el Congreso. - Crédito SUTEP

Pensión de S/3.500 para maestros

¿Vuelve al ruedo el proyecto de ley de la pensión de S/3.500,70 para maestros? En la agenda del Congreso en Autógrafas no observadas se encuentran los “proyectos de ley 3864, 4786, 8911, 9097, 9098, 9739, 9946, 10200, 10934, 10941 y 11001″. Se trata de la autógrafa observada Dina Boluarte, expresidenta de la República".

En esta se “propone garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”. Esto involucra lo siguiente:

“Se establece una pensión para los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley 29944, asi como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”, aclara el texto.

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Los maestros están más cerca de tener pensión de S/3.500 al jubilarse. - Crédito Andina/Norman Córdova

Sin embargo, “dichas pensiones serán equivalentes al monto de la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación”. Este monto actualmente equivale a S/3.500,70.

Como se recuerda, la autógrafa observada se decretó a la Comisión de Economía el 7 de octubre de 2025. Pero la Junta de Portavoces, en sesión del 4 de noviembre de 2025, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Economía, y la ampliación de Agenda. ¿Finalmente se debatiópara aprobarse por insistencia este 5 de marzo? No, no se tocó el tema.

Gremio empresarial en contra

Asimismo, a pesar de que la medida estuvo ‘dormida’ por varios meses, ahora con su inclusión en la agenda del Congreso, desde sectores empresariales se han pronunciado en contra de su posible aprobación.

Los maestros se han movilizado para pedir el debate y aprobación de la Ley que le dará 'pensiones dignas'. - Crédito SUTEP

“Desde ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad expresamos nuestro rechazo al Proyecto de Ley 3864, que propone homologar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados con la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial de los docentes activos. De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, esta iniciativa implicaría un gasto anual de S/5,670 millones y reabriría en la práctica el esquema de cédula viva, generando una presión insostenible sobre las finanzas públicas”, alertan.

Asimismo, recuerdan que el “Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Así lo establece la Constitución y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Pretender aprobar normas que generan obligaciones fiscales permanentes constituye una vulneración directa del marco constitucional y una grave irresponsabilidad frente al país”.

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