
El Congreso de la República censuró a José Jerí con 75 votos a favor. Su destitución redefinió su futuro inmediato: con el adiós a la banda presidencial, no solo se despide del máximo cargo de la Nación, sino de su protección legal, lo que impacta en el alcance de las investigaciones fiscales en su contra. El premier Ernesto Álvarez Miranda y del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abordaron el destino del parlamentario de Somos Perú tras la pérdida de la investidura presidencial.
En entrevista con Sin Anestesia, el aún presidente del Consejo de Ministros aclaró que Jerí retornará a su curul, donde mantiene su despacho, salario y los derechos inherentes a la función parlamentaria; lo que incluye la prerrogativa de antejuicio, es decir, solo podrá ser procesado penalmente si el Congreso lo autoriza.
La transición implica que recupera a plenitud las garantías que otorga el fuero parlamentario. Sin embargo, su situación administrativa y económica se mantiene sin cambios, ya que, como recordó Álvarez, durante su paso por la presidencia tampoco percibió un salario adicional al de congresista.
“Él regresa a su curul y mantiene su sueldo, su despacho. Entiendo que lo normal es cobrar como congresista, que fue como cobró Paniagua. Porque recuerden que la famosa ley de interpretativa, que ha sido mencionada hoy y ha sido utilizada nuevamente, fue aprobada básicamente porque Paniagua no quería ganar el sueldo de presidente, sino ganar el sueldo de congresista, expresó.

Su retorno al Hemiciclo, sin embargo, implica cambios significativos en el alcance de las investigaciones. El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, explicó en diálogo con Contracorriente que mientras ocupaba la presidencia, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional restringían severamente cualquier medida coercitiva en su contra. Sin embargo, desde mañana ya se pueden adoptar acciones como allanamientos, levantar el secreto bancario o de las comunicaciones, incautar dispositivos electrónicos y, bajo ciertos supuestos, solicitar el impedimento de salida del país.
Si bien no podrá ser procesado formalmente sin una autorización expresa del Congreso. Las investigaciones, que hasta ahora se han mantenido bajo estricta reserva, podrán avanzar con mayor fuerza. Las pesquisas se centran en presuntos delitos de tráfico de influencias y contrataciones irregulares durante su gestión en Palacio de Gobierno, incluyendo el denominado Chifagate y la contratación de allegadas mediante el Fondo de Apoyo Gerencial.
“A partir de mañana tenemos que redefinir el sentido de la investigación. Tenemos que aplicar otra estrategia de investigación y disponer la realización de las diligencias necesarias, porque ya podemos realizar medidas coercitivas, aunque con mucha limitación, porque de todas maneras, aun cuando el señor José Jerí deja de ser presidente, sigue siendo congresista y sigue teniendo la prerrogativa de antejuicio. O sea, tampoco se puede, digamos, excederse en la investigación, pero sí, ahora se tiene más libertad para realizar todas las inteligencias”, expresó.
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