El escándalo del ‘Chifagate’ ha sumado un nuevo capítulo de confrontación entre las investigaciones periodísticas y las versiones oficiales. El foco se centra ahora en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la adquisición de 8.000 cámaras de videovigilancia para buses, un contrato valorado en 112 millones de soles.
Tras las revelaciones del semanario Hildebrandt en sus trece, que vinculan la reunión clandestina del presidente José Jerí con el empresario Zhihua Yang a una presunta presión para favorecer a este último, el presidente de la ATU, David Hernández, brindó entrevistas a diversos medios para aclarar cualquier irregularidad.
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Empresas chinas entre las postulaciones
En una entrevista con Canal N, Hernández negó cualquier vínculo personal o institucional con Zhihua Yang. “No conozco al señor... nosotros (ATU) queremos deslindar tajantemente con este tema de especulaciones”, afirmó. Según el funcionario, el proceso de licitación es gestionado por un comité autónomo y, hasta la fecha, “ninguna empresa relacionada al señor Yang ha preguntado ni postulado a este proceso”, dijo a RPP.
Hernández matizó que si bien “no hay postulaciones de empresas chinas”, sí han existido consultas de dichos negocios en el portal de licitaciones para contratar con el Estado. Aclaró que el listado es público y transparente. También aseguró que tras revisar el listado público, ninguna coincide con las firmas bajo sospecha tal como América Capón SAC.
En sus palabras, el hecho de que existan empresas de origen chino realizando preguntas no implica un direccionamiento, sino que responde a la naturaleza global del mercado de tecnología de vigilancia.
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Modificaciones del contrato coinciden con fechas de reuniones
Uno de los puntos más críticos que sostiene la hipótesis del semanario es la flexibilización de las bases del contrato apenas cinco días después de la cena clandestina entre Jerí y Yang. El 31 de diciembre, la ATU amplió el plazo de entrega de las cámaras de 30 a 60 días.
Ante las preguntas en Canal N, Hernández calificó este hecho como una “coincidencia”. Argumentó que la ampliación respondió a pedidos técnicos de los propios postores para asegurar una mayor participación. “Se han hecho modificaciones antes y seguramente se van a terminar haciendo otras durante el proceso”, señaló, descartando que la fecha sea un indicativo de influencias externas provenientes de Palacio de Gobierno.
El retorno a la ATU y la sombra de José Jerí
Otro flanco de controversia es el nombramiento de Hernández, quien regresó al cargo el 1 de noviembre por decisión de presidente tras haber salido durante la gestión de Dina Boluarte. El exministro de Transportes, César Sandoval, ha sostenido públicamente que el entonces congresista José Jerí lo llamó para presionar por la permanencia de Hernández en el puesto.
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Hernández negó conocer tales llamadas y defendió su gestión anterior, asegurando que su salida se debió a discrepancias técnicas con Sandoval sobre el proyecto del Tren Lima-Chosica.
Asimismo, aprovechó el espacio en RPP para aclarar una denuncia de la Contraloría sobre cartas fianza falsas de la empresa ARCCIVIL, indicando que fue su propia gestión la que detectó y denunció el hecho en febrero de 2025. “Un funcionario cumplió el debido proceso y ahora eso quiere usarse de manera tendenciosa”, reclamó.
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