La reforma del sistema penitenciario peruano avanza en medio de una grave crisis carcelaria, ola de criminalidad y crecientes denuncias de corrupción. El anuncio del presidente José Jerí sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), genera interrogantes sobre el futuro de Iván Paredes Yataco, quien enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades y procesos en su contra.
Como se sabe, el mandatario comunicó que el INPE dejará de operar a partir de enero de 2026 y sus funciones serán asumidas por Sunir, la cual buscará romper con estructuras capturadas por la corrupción y establecer una gestión más eficiente en los penales. La decisión fue presentada como parte de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y atender lo que Jerí describió como uno de los focos críticos de la criminalidad organizada: la administración penitenciaria.
En este contexto, la continuidad de Iván Paredes Yataco al frente del sistema penitenciario ha estado bajo la lupa. Sobre todo, al ser objeto de varios cuestionamientos. Reportajes periodísticos recientes han puesto el foco en la contratación de personal sin acreditar estudios, experiencia ni antecedentes como proveedores del Estado, tras reuniones directas con Paredes.
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¿Iván Paredes será el nuevo presidente de Sunir?
En entrevista con Expreso, el premier Ernesto Álvarez fue consultado sobre la permanencia de Paredes y la posibilidad de que asuma la jefatura de la nueva Sunir. Aunque señaló que desconocía la respuesta, consideró que la elección debería estar sujeta a concurso público. “Tengo entendido que tiene varias investigaciones, aunque hasta el momento no se ha llegado a una conclusión porque no se ha abierto el enjuiciamiento en sí mismo”, mencionó.
El jefe del gabinete también defendió la necesidad de fortalecer la autoridad de los directores penitenciarios, argumentando que la práctica de separar inmediatamente a los responsables tras incidentes en los penales ha generado incentivos perversos. “Debemos fortalecer la autoridad de todos aquellos que tienen mando en un penal y solamente separarlos y procesarlos penalmente cuando se comprueba su complicidad con la corrupción, con el delito”, afirmó.
Asimismo, subrayó la importancia de evitar que grupos de internos generen incidentes para provocar la salida de directores, lo que —dijo— ha debilitado la gestión penitenciaria y favorecido el control de los penales por parte de los cabecillas.
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Nuevo cuestionamiento contra Iván Paredes
El cuestionamiento más reciente se basa en la contratación de al menos una decena de jóvenes tras visitar su despacho, en algunos casos sin contar con título universitario registrado o experiencia previa en el sector público.
De acuerdo al informe de Cuarto Poder, uno de los casos más notorios es el de Luis Sebastián Arce Acosta, quien fue contratado como asistente técnico administrativo por 10.500 soles después de una reunión con el jefe penitenciario, pese a no tener estudios universitarios registrados. Situaciones similares se han documentado con otros nombres, como Lucienne Cabanillas Delgado, quien obtuvo un contrato por 8.283 soles para labores administrativas, y Jorge de la Rosa Ayala, beneficiado con una orden de servicio de 6.000 soles. En todos los casos, la contratación se produjo tras encuentros en la oficina de Paredes.
Expertos consultados para el reportaje advirtieron que la contratación irregular de personal puede constituir delitos contra la administración pública, al defraudar los intereses del Estado.
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Además de ello, Paredes ha sido señalado de presuntamente coordinar la devolución de un cobro de 80.000 soles a cambio de facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado. El funcionario ha negado la autenticidad de los audios que lo involucran, aunque permanece bajo investigación.
El historial de Paredes incluye también sanciones administrativas. El Indecopi lo multó con más de 16.000 soles por incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, entre ellos la omisión de entrega de recibos y la falta de restitución de 3.500 dólares a un cliente.