Noticias que más impactaron en el mes de septiembre 2025

El mes de septiembre fue especialmente agitado en el Perú, con una secuencia de hechos que sacudieron la vida nacional y trascendieron fronteras. Desde asesinatos con implicancias internacionales hasta protestas masivas y sentencias judiciales de alto impacto, los acontecimientos pusieron en evidencia la fragilidad institucional, la inseguridad y el descontento social. La criminalidad organizada, los cuestionamientos al sistema político y las tragedias en las carreteras marcaron una agenda informativa cargada de tensión y demandas de justicia.

En medio de este contexto, Lima y varias regiones del país se convirtieron en el epicentro de noticias que movilizaron a la opinión pública y a las autoridades. La violencia, la indignación y la exigencia de respuestas concretas dominaron la conversación nacional, confirmando la magnitud de los desafíos que enfrenta el país.

Asesinato de funcionario indonesio en Lima

El uno de septiembre, el distrito limeño de Lince fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad diplomática. Zetro Leonardo Purba, funcionario administrativo de la Embajada de Indonesia en Perú, fue asesinado a tiros cuando regresaba a su domicilio en bicicleta, tras cumplir su jornada laboral. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon tres veces, impactándolo principalmente en la cabeza. La escena del crimen, ubicada en la cuadra tres de la avenida César Vallejo, dejó en estado de shock a la esposa de la víctima, quien presenció el ataque desde el hall del edificio.

El hecho ocurrió apenas cinco meses después de la llegada de Purba al país, donde residía junto a su esposa y tres hijos menores. Las autoridades descartaron el robo como móvil, ya que los atacantes no sustrajeron ninguna de sus pertenencias. La investigación se centró en la hipótesis de un asesinato por encargo, reforzada por la modalidad del ataque y el perfil de la víctima. En el teléfono del funcionario se encontraron contactos vinculados a números de Venezuela y Colombia, lo que abrió la posibilidad de conexiones con redes delictivas internacionales.

Fuentes policiales también indagaron en posibles lazos entre Purba y el entorno de la banda criminal One Family, liderada por Danny Alexander Zapata Sosa, alias “el Chino”. Esta organización, activa en el distrito de Lince, es conocida por su implicación en extorsiones y sicariato. Según las investigaciones, la víctima habría tenido un acercamiento con una joven relacionada con la zona donde opera esta banda, lo que podría haber desencadenado represalias. El arma empleada en el crimen tenía antecedentes en hechos delictivos previos, añadiendo complejidad al caso.

Condena histórica a Alejandro Toledo

El tres de septiembre, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima sentenció a Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, a trece años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado, en el marco del caso Ecoteva. La condena recayó también sobre Avraham Dan On, exasesor presidencial, quien recibió una pena igual, y sobre David Esquenazi, sentenciado a once años. El fallo se sumó a una sentencia anterior que impuso a Toledo veinte años y seis meses de prisión por su participación en la trama Odebrecht/Interoceánica.

La investigación evidenció que Toledo y su entorno utilizaron la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, registrada en Costa Rica a nombre de su suegra Eva Fernenbug, para canalizar fondos ilícitos provenientes de sobornos entregados por Odebrecht y Camargo Correa. Estos recursos se destinaron a la compra de un inmueble en Las Casuarinas, valorizado en USD 3,8 millones, una oficina en la Torre Omega de Surco por USD 882.000 y el pago de hipotecas en propiedades situadas en Camacho y Punta Sal. El tribunal determinó que Toledo no pudo acreditar el origen legal de más de cuatro millones de dólares empleados en estas operaciones.

El proceso judicial incluyó la solicitud de extradición de Eliane Karp, esposa de Toledo, quien enfrenta cargos similares, y de Eva Fernenbug, señalada como coautora. Se ordenó la disolución de las empresas involucradas y el decomiso de bienes y cuentas bancarias tanto en el Perú como en el extranjero. La reparación civil solidaria fue fijada en S/38.220.000. Además, se dispuso el decomiso de inmuebles y otros activos vinculados a la red delictiva. La defensa de Toledo anunció la presentación de un recurso de nulidad y solicitó su traslado a una clínica por motivos de salud, mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Primeras protestas de la Generación Z

El veinte de septiembre, el centro de Lima se transformó en un escenario de protestas multitudinarias encabezadas por colectivos juveniles, sindicatos y organizaciones sociales. La movilización, convocada principalmente por la llamada “Generación Z”, reflejó un fuerte rechazo a la gestión de Dina Boluarte, el Congreso de la República y la reciente reforma del sistema previsional. Miles de personas se congregaron en la Plaza San Martín para marchar hacia el Parlamento, exigiendo transparencia y cambios en la administración pública.

Durante dos días consecutivos, el despliegue policial alcanzó niveles inusuales: cinco mil efectivos fueron apostados en distintos puntos estratégicos, bloqueando accesos y restringiendo el tránsito en avenidas clave como Abancay y Nicolás de Piérola. El avance de los manifestantes fue contenido por cordones y barricadas, lo que derivó en enfrentamientos. La policía empleó bombas lacrimógenas, perdigones y escudos de acrílico para dispersar a los participantes, mientras que algunos grupos de manifestantes respondieron con el lanzamiento de objetos y bombas incendiarias.

El saldo de las protestas incluyó decenas de heridos, entre ellos periodistas que documentaban los hechos y reportaron agresiones y destrucción de equipos. Organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunciaron ataques directos a la prensa y vulneración de derechos fundamentales. Los comercios de la zona optaron por cerrar anticipadamente ante el temor a saqueos y daños materiales. El transporte público registró desvíos y cierres temporales de estaciones, afectando la movilidad de miles de ciudadanos.

Captura de “El Monstruo”, el fugitivo más buscado

El 24 de septiembre, un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la policía paraguaya culminó con la detención de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, identificado como el criminal más buscado del país. Moreno, de treinta y cuatro años, era el líder de “Los Injertos del Cono Norte”, una organización dedicada a la extorsión, el sicariato y el secuestro en Lima Norte. Su captura se llevó a cabo en una vivienda de San Lorenzo, a quince kilómetros de Asunción, luego de un trabajo de inteligencia que se prolongó durante tres meses.

Moreno se mantenía prófugo desde 2022 y para evadir a las autoridades se sometió a cirugías estéticas, modificó su peso y cabello, y utilizó documentación falsa. Durante el operativo, intentó sobornar a los agentes con un millón de dólares, sin éxito. La recompensa ofrecida por el Ministerio del Interior de Perú ascendía a USD 286.000, suma que será reclamada por el informante anónimo que facilitó su paradero. El jefe del Departamento de Investigación de la Policía paraguaya, Hugo Grance, confirmó que el despliegue involucró a más de cuarenta efectivos.

La detención de Moreno fue considerada un golpe importante al crimen organizado en Perú. Sin embargo, especialistas en seguridad advirtieron que el arresto del cabecilla no garantiza el desmantelamiento completo de la red, ya que otros miembros podrían reorganizarse o unirse a nuevas bandas. Tras la captura, la justicia paraguaya dispuso su internamiento en una prisión de máxima seguridad mientras se tramita su extradición.

Ataque cibernético a Diario El Peruano

A fines de septiembre, el grupo hacktivista Deface Perú protagonizó un ciberataque contra el portal web oficial del Diario El Peruano, encargado de la publicación de normas legales en el país. El sitio quedó fuera de servicio durante varias horas, lo que impidió el acceso a documentos oficiales, entre ellos el reglamento sobre el retiro de fondos de las AFP. Los responsables del ataque difundieron mensajes críticos hacia el gobierno y expresaron su apoyo a las protestas ciudadanas que se desarrollaban en la capital.

El incidente dejó en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas digitales estatales y generó alarma sobre la protección de la información pública. No es la primera vez que el Estado peruano enfrenta ataques cibernéticos de este tipo: en ocasiones anteriores, grupos similares filtraron documentos de entidades policiales y ministeriales. Tras el ataque, el sitio fue restablecido y las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los protocolos de seguridad informática para prevenir nuevos incidentes.