El Congreso de la República impulsa una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, tras la aprobación de un Decreto de Urgencia que divide los activos de PetroPerú. La iniciativa, presentada este jueves por la legisladora Heidy Juárez, responsabiliza a la funcionaria por el “desmantelamiento de activos estratégicos” de la empresa estatal y por el perjuicio económico a varias regiones, con énfasis en Piura.
El documento oficial sustenta la medida en el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de Petroperú bajo un “supuesto enfoque de optimización”. Los congresistas firmantes sostienen que esta política “encubre el desmantelamiento de activos estratégicos y una vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional”.
El decreto autoriza el traslado de 240 millones de soles desde el Ministerio de Energía y Minas para cubrir gastos corrientes. Según la moción, esta disposición sacrifica fondos asignados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial. El texto indica que la decisión implica una “desatención grave a las brechas sociales del Perú”.
La propuesta también señala que la norma obliga a Petroperú a transferir 144 millones de soles a ProInversión para la gestión y eventual venta de activos. Los firmantes afirman que la medida “reduce el valor patrimonial de la empresa, compromete su viabilidad operativa a largo plazo y constituye un inadmisible subsidio destinado a la liquidación de la empresa estratégica más importante del Estado”.
El documento agrega que “la facultad discrecional del decreto para culminar contratos de explotación vigentes generará una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano, provocando una caída irreversible en los ingresos de los gobiernos locales, regionales y universidades, especialmente en la región Piura”.
La moción advierte que la resolución unilateral de contratos de servicios pone en riesgo la continuidad de la Nueva Refinería de Talara (NRT), considerado un activo estratégico nacional. Una eventual paralización o ineficiencia operativa de esta planta, de acuerdo con la iniciativa, impactaría el abastecimiento de combustibles en el país y la economía del norte peruano.
El texto acusa a Miralles de promover la “tercerización masiva y precaria, amenazando la estabilidad de miles de trabajadores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) que forman parte de la cadena de valor de los hidrocarburos”.
Además, cuestiona la capacidad técnica de la ministra para diseñar un plan de rescate que no implique la entrega del patrimonio nacional, y menciona que sus declaraciones provocaron “el desplome del valor de los bonos soberanos”.
Declaraciones
Miralles había adelantado el pasado 28 de diciembre que el Gobierno iba a aprobar un decreto para la “reestructuración integral” de Petroperú, con la intención de “salvaguardar los activos del Estado” ante la crisis financiera que afronta la empresa.
Anticipó que entre los mecanismos que se pueden aplicar está el de Proyectos en Activos, en el que “el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también”.
Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social.