En la madrugada del 10 de octubre, José Enrique Jerí juró como nuevo presidente provisional de la República. Lo hizo en su condición de titular del Congreso, luego de que el Pleno aprobara la vacancia en contra de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. La sesión fue marcada por un amplio respaldo multipartidario y se concretó en medio de una escalada de violencia y creciente descontento ciudadano.
Jerí, de 38 años, no fue elegido por voto directo. Sin embargo, su asunción responde a una sucesión constitucional prevista en el artículo 115 de la Carta Magna, que señala que, en caso de impedimento permanente del presidente y ausencia de vicepresidentes, el titular del Congreso debe asumir la jefatura del Estado.
¿Qué es un gobierno de transición?
Un gobierno de transición es una administración temporal que asume el mando tras la salida abrupta de un jefe de Estado. Puede activarse por vacancia, renuncia, golpe de Estado o fallecimiento del mandatario en funciones. Su principal objetivo no es prolongarse en el poder, sino garantizar la continuidad institucional y conducir al país hacia un nuevo proceso electoral.
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En este caso, Jerí estará al frente del Ejecutivo hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que deberá entregar el cargo al presidente que resulte electo en los comicios generales ya anunciados para abril del próximo año.
El compromiso que Jerí deberá cumplir
Durante su primer discurso como presidente, Jerí enfatizó que asume la jefatura del Estado “con humildad”. Prometió instalar un “gobierno de empatía y de reconciliación nacional” que busque construir acuerdos mínimos entre sectores políticos y sociales.
“El Perú atraviesa una crisis política constante […] Debemos comenzar a sembrar las bases de un país que permita una reconciliación entre todos los peruanos”, sostuvo el mandatario, quien también pidió disculpas a la ciudadanía por los errores cometidos en el pasado.
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Uno de sus compromisos centrales será garantizar la legalidad, orden y neutralidad del proceso electoral de 2026, algo que mencionó como prioridad en su mensaje.
Guerra frontal contra la delincuencia
Jerí también declaró que su gobierno le declarará la guerra a la delincuencia, en un contexto de asesinatos, extorsiones y atentados que han puesto al país en vilo. “Debemos tener el compromiso de todas las instituciones del Estado para ganarle la guerra a la delincuencia”, afirmó.
La reciente ola de violencia, que incluyó un ataque armado contra los músicos de Agua Marina en pleno concierto, fue uno de los detonantes que precipitó la vacancia de Dina Boluarte.
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A esto se suman las protestas sostenidas por gremios de transportistas, la movilización de jóvenes de la llamada “generación Z” y diversas expresiones de descontento social que han sido recogidas como parte de los argumentos en al menos cuatro mociones de vacancia. Todas ellas cuestionaron la incapacidad del Ejecutivo para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, especialmente frente al avance del crimen organizado.
El nuevo mandatario transitorio asume así uno de los retos más complejos del escenario nacional: enfrentar en apenas ocho meses un problema estructural que se agrava cada día, y que incluye también la expansión de la minería ilegal, otro eje de violencia en distintas regiones del país. Una tarea urgente que no logró ser resuelta durante los dos años de gestión de Boluarte.
¿Qué puede y no puede hacer un gobierno de transición?
Aunque un gobierno de transición ejerce legalmente las funciones del Ejecutivo, su papel se entiende como limitado en términos de duración, reformas estructurales o iniciativas que comprometan el largo plazo.
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Su rol se centra en:
- Garantizar la estabilidad democrática hasta la elección del nuevo gobierno.
- Conducir un proceso electoral transparente y confiable.
- Atender emergencias prioritarias, como la seguridad o la crisis económica.
- No implementar cambios profundos o reformas de alto impacto sin consenso.
¿Quién es José Jerí?
Jerí llegó al Congreso en 2021 como accesitario del expresidente Martín Vizcarra. En julio de 2024 fue elegido presidente del Legislativo con apoyo de bancadas de centro y derecha. Desde ese rol, quedó en la primera línea de sucesión.
Su carrera no ha estado exenta de controversias. Fue denunciado por presunta violación sexual, pero la investigación fue archivada por el Ministerio Público. Afrontó una investigación por desobediencia a la autoridad, así como acusaciones de corrupción por sobornos.
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Ahora, sin una bancada propia ni legitimidad directa en las urnas, deberá gobernar en un escenario de alta fragmentación política y creciente presión social.