Dina Boluarte blindada: PCM declara como “confidenciales” los documentos sobre su incremento de sueldo

Según la PCM, el aumento de la remuneración de la presidenta es cuestión de Estado, por lo que se negó la solicitud de acceso a la información de La Encerrona y Panorama

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PCM declara "confidenciales" los documentos del sueldo de Dina Boluarte. Video: Panamericana

No se conocerán los pormenores del intento de Dina Boluarte para que se le incremente el sueldo como presidenta de la República, al menos de manera oficial. Y es que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró como “confidenciales” los documentos relacionados al inminente aumento de la remuneración de la mandataria.

Ante solicitudes de acceso a la información de La Encerrona y Panorama, la PCM alegó que el eventual aumento de sueldo tiene que pasar por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo que “implica que se trata de una decisión de Gobierno cuya adopción es un asunto de interés público”.

“En consecuencia los documentos solicitados tienen carácter confidencial, lo que habilita a aplicar el supuesto de excepción para denegar el acceso a la información pública”, se lee en las respuestas que dio la institución que lidera el premier Eduardo Arana a los medios.

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PCM niega información sobre el sueldo presidencial. Foto: Panorama

Los documentos sobre el incremento del sueldo presidencial dejarán de ser considerados “confidenciales” si es que el Consejo de Ministros lo aprueba. Así lo dispone la Ley de Transparencia.

Cabe precisar que La Encerrona y Panorama puede apelar la respuesta negativa de la PCM a fin de que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública determine si se negó indebidamente la solicitud.

“PCM bloquea información sobre el proceso de aumento de sueldo a Dina Boluarte”, expresó la periodista Karla Ramírez en X (antes Twitter).

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Dina Boluarte busca aumentar su sueldo a más de S/ 35 mil. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / Andina

Aumento de sueldo sería ilegal

La propuesta de aumentar el salario de la presidenta Dina Boluarte a más de 35.000 soles ha generado controversia no solo por cuestiones éticas, sino también por su posible ilegalidad.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió que este incremento salarial contraviene la Ley 28212, que regula los ingresos de los altos funcionarios del Estado. Esta ley establece que el presidente de la República debe tener la remuneración más alta del servicio público, pero fija un límite máximo de 10 URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público), lo que equivale a 26.000 soles para el año 2025.

El informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que propone fijar el sueldo de Boluarte en 35.568 soles, ha sido objeto de críticas por ignorar el tope legal establecido.

Según publicó Panorama, el informe fue solicitado por el expremier Gustavo Adrianzén, quien encargó al MEF la elaboración de un análisis técnico para justificar el aumento. Este documento argumenta que el nuevo salario se basa en fórmulas técnicas que consideran tanto los sueldos nacionales como comparaciones internacionales, destacando que la presidenta actualmente percibe un salario inferior al de varios de sus ministros y a la mayoría de los presidentes de América Latina.

Boluarte solicita permiso al Congreso para que Dina Boluarte asista a la toma de mando de Daniel Noboa. Sería su segundo viaje al extranjero en menos de dos semanas. Foto: Presidencia

A pesar de los argumentos presentados, la propuesta ha sido recibida con escepticismo, especialmente debido al contexto de creciente inseguridad ciudadana y la baja aprobación del gobierno. La percepción de que la mandataria prioriza su salario en un momento de crisis ha generado rechazo en diversos sectores de la sociedad.

El informe técnico del MEF, que detalla el aumento salarial, no aborda el límite legal de la remuneración presidencial, lo que ha sido un punto de crítica. El artículo de la ley que establece el tope salarial no ha sido derogado ni modificado por ninguna ley posterior, lo que refuerza la ilegalidad del aumento propuesto.

La decisión final sobre el incremento salarial recae ahora en la Presidencia del Consejo de Ministros, que deberá considerar el impacto político y social de aprobar esta medida.

La percepción de que la mandataria busca aumentar su salario en un momento de crisis ha sido motivo de rechazo, y la discusión sobre la legalidad del aumento continúa siendo un tema candente en el ámbito político y social del país.

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