El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, saldrá del país luego de su cuestionada participación en la audiencia del Tribunal Constitucional donde se evaluó la demanda competencial por las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Así lo dispone la Resolución Defensorial 005-2025/DP publicada el último sábado 26 de abril en el diario oficial El Peruano. Allí, el mismo Josué Gutiérrez autoriza su viaje a Roma, Italia, para participar en la primera reunión de la Red de Funcionarios contra el Racismo y la Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El titular de la Defensoría permanecerá fuera del país desde hoy domingo 27 de abril y retornará el 1 de mayo. Según la resolución, el viaje le costará 22.200 soles a la institución (8.640 soles por viáticos y 13.560 soles por pasajes.
Durante la ausencia de Josué Gutiérrez, el despacho defensorial estará a cargo de la defensora adjunta general Rina Rodríguez.
Josué Gutiérrez busca el blindaje de Dina Boluarte
Si bien se presentó como amicus curiae, el defensor Josué Gutiérrez en los hechos abogó por Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional. Se mostró a favor de la posición del Ejecutivo y del abogado de la presidenta para que los magistrados establezcan que la Fiscalía no puede investigar al presidente durante su cargo.
“Claro que se puede investigar a un presidente de la República. Desde luego. ¿Y quién es el encargado de hacer esa investigación? Revisemos lo que dice nuestra Constitución. ¿De quién es ese atributo, esa prerrogativa constitucional de investigar? ¿Del Ministerio Público? Podemos afirmar categóricamente que no. ¿Del Congreso de la República? Sí. Dentro de sus facultades y atribuciones a todos funcionarios por interés público puede investigar. No solamente investigarlo, eventualmente destituirlo", dijo el titular de la Defensoría.
Ello, dice el defensor, porque el artículo 117 de la Constitución no le otorga competencia al Ministerio Público para iniciar investigaciones contra el jefe de Estado cuando está en el cargo. "Le debemos dar esta facultad de investigación al Congreso de la República”, apuntó.
Gutiérrez cree que el Congreso ejerce debidamente su rol fiscalizador, afirmación que ha sido ampliamente refutada en lo que va del Gobierno de Boluarte con reiterados blindajes pese a las graves acusaciones contra la propia presidenta como a sus más cercanos colaboradores.
“Si para una incapacidad inmoral permanente no siendo un delito cabe la destitución o la vacancia de un presidente, ¿por la comisión de un delito menor cualquiera sea y la evidencia de que el mismo ha ocurrido sería causal de vacancia? Claro que sí. Entonces no es verdad que hay impunidad”, aseguró Gutiérrez.
TC apresurará decisión
La presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco, declaró a la prensa que la institución emitiría la sentencia de la demanda competencial a más tarde mayo de este año.
“Si es muy importante definir si puede el Ministerio Público hacer desde el comienzo esto (investigar al presidente en funciones). (...) Nosotros, de hecho, ya estamos dialogando sobre estos temas. No tenemos las mismas ideas. La cuestión será ponernos de acuerdo. Nuestra meta es que no pase de mayo (la decisión del caso)”, dijo Pacheco.
En caso de que el TC declare fundada la demanda competencial, todas las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte se archivarán, advirtió el procurador del Ministerio Público durante la audiencia. Evidentemente, los próximos jefes de Estado tampoco podrían ser indagados mientras estén en el cargo.
La decisión, incluso, podría beneficiar al golpista expresidente Pedro Castillo, quien fue investigado por corrupción y organización criminal durante su mandato, y actualmente enfrenta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
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