Josué Gutiérrez defiende a Dina Boluarte: “¿Quién es el encargado de investigar al presidente? No el Ministerio Público; el Congreso, sí”

“No es verdad que hay impunidad”, dijo el defensor del Pueblo en la audiencia del TC, creyendo ciegamente en que el Parlamento cumple su rol fiscalizador

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Josué Gutiérrez defiende a Dina Boluarte en audiencia del TC. Video: Tribunal Constitucional

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se presentó en la audiencia del Tribunal Constitucional donde evaluó la demanda competencial por las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y aseguró “categóricamente” que la Fiscalía no tiene competencia para investigar a un mandatario.

Esta afirmación está consignada en el cuestionado amicus curiae que presentó la Defensoría al TC.

“Claro que se puede investigar a un presidente de la República. Desde luego. ¿Y quién es el encargado de hacer esa investigación? Revisemos lo que dice nuestra Constitución. ¿De quién es ese atributo, esa prerrogativa constitucional de investigar? ¿Del Ministerio Público? Podemos afirmar categóricamente que no. ¿Del Congreso de la República? Sí. Dentro de sus facultades y atribuciones a todos funcionarios por interés público puede investigar. No solamente investigarlo, eventualmente destituirlo", dijo el funcionario.

En esa línea, Josué Gutiérrez afirmó que el artículo 117 de la Constitución no habilita al Ministerio Público a iniciar investigaciones contra un jefe de Estado en funciones.

“La aplicación del artículo 117 de la Constitución incluye la potestad del Ministerio Público para investigar a un presidente de la República. Nuestro estudio, concordante con el todo armónico de la Constitución, es no. (...) Le debemos dar esta facultad de investigación al Congreso de la República”, agregó.

La Defensoría, en su amicus curiae, sostiene que solo el Congreso puede investigar, solicitar medidas limitativas y acusar al presidente durante su mandato. Según el documento, la Fiscalía y el Poder Judicial no deben intervenir durante la investigación a cargo del Parlamento. Su intervención, dice el documento, inicia una vez que se aprueba la acusación constitucional contra el jefe de Estado.

Gutiérrez confía ciegamente en que el Congreso ejerce debidamente su rol fiscalizador, algo que se ha refutado durante el Gobierno de Boluarte.

"Si para una incapacidad inmoral permanente no siendo un delito cabe la destitución o la vacancia de un presidente, ¿por la comisión de un delito menor cualquiera sea y la evidencia de que el mismo ha ocurrido sería causal de vacancia? Claro que sí. Entonces no es verdad que hay impunidad", indicó.

Dina Boluarte busca no ser
Dina Boluarte busca no ser investigada por la Fiscalía ni que el Poder Judicial dicte medidas en su contra durante su mandato. Foto: composición Infobae

Dina Boluarte sería blindada

Las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte podrían enfrentarse a un cierre definitivo si el Tribunal Constitucional decide respaldar la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Así lo advirtió el procurador público del Ministerio Público, Reynaldo Miranda Wong, durante una audiencia celebrada el jueves 24 de abril. Según explicó el procurador, esta decisión tendría un impacto directo en varias carpetas fiscales que actualmente investigan a la mandataria por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, homicidio calificado y cohecho, entre otros.

Miranda Wong señaló que el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar investigaciones preliminares contra un presidente en funciones. Enfatizó que, si el TC declara fundada la demanda competencial, todas las investigaciones en curso contra Boluarte tendrían que ser archivadas.

Entre los casos que podrían verse afectados se encuentran investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito, lesiones, negociación incompatible, homicidio calificado, cohecho y omisión de funciones. Estas carpetas fiscales están en diferentes etapas de investigación y abarcan hechos que han generado gran interés público, como el caso conocido como “Rolex”, que involucra acusaciones de enriquecimiento ilícito, y las investigaciones por muertes ocurridas durante protestas sociales.

El procurador subrayó que aceptar la tesis de que un presidente en funciones no puede ser investigado por la Fiscalía fuera de los supuestos constitucionales equivaldría a otorgar una inmunidad absoluta al jefe de Estado. Esto, según su análisis, no solo afectaría la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también sentaría un precedente que podría limitar las capacidades del Ministerio Público para actuar en casos similares en el futuro.

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