Presentan queja formal contra el Estado peruano por vulnerar compromisos ambientales de tratado de libre comercio

La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) presentó una queja formal ante la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, liderada por el director ejecutivo, Daniel Schmerler, alegando que el Estado peruano incumplió el artículo 18.3 del Capítulo 18 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (TLC), que prohíbe debilitar o reducir la protección ambiental para promover el comercio o la inversión entre las partes.

La queja, firmada por Hugo Che Piu Deza, gerente general de DAR, está respaldada por un conjunto de organizaciones y miembros de la sociedad civil que abogan por la protección ambiental.

Dentro de este grupo se encuentran CooperAcción, la Red por una Globalización con Equidad (RedGE), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA), el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc), entre otras.

DAR denuncia una falta de aplicación efectiva y un debilitamiento en la protección ambiental, que, según la organización, va en contra de los compromisos asumidos en el TLC.

En particular, se cuestiona la reciente aprobación de la Ley N.º 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual legarizaría la deforestación en la Amazonía sin debida formalización. Asimismo, se exige la derogación de la Ley N.º 31973, que instaura disposiciones para acelerar esta actividad, y las normativas asociadas para alinear el marco legal peruano con los compromisos internacionales del TLC.

También solicitan la anulación de los actos administrativos y acciones aprobadas bajo esta ley, y piden mayor transparencia legislativa al requerir información oficial sobre los intentos de debilitar la legislación forestal.

Esto incluye especialmente las medidas relacionadas con las especies protegidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), a través del Proyecto de Ley N.º 7085-2023/PE, que busca simplificar el proceso de exportaciones forestales, advierten.

En esa línea, cabe recordar que, el 20 de febrero, el Gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso de la República este proyecto, respaldado por la presidenta y, en su momento, por el expremier Alberto Otárola, buscando agilizar la autorización de manejo de especies enlistadas en la Convención CITES, que, como se sabe, regula el comercio internacional de especies que se encuentran bajo algún grado de amenaza.

Sin embargo, este ha generado críticas por su potencial impacto negativo en la conservación de los recursos forestales y su posible beneficio para intereses económicos a expensas de la defensa del ambiente.

Además, la iniciativa llama la atención debido a que en un documento enviado en febrero por el Ejecutivo se presionó al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, para acelerar su revisión.

Adicionalmente, se sabe que la expresidenta de la Comisión Agraria, Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular), respalda la propuesta legislativa. En el mes de abril, durante una sesión de la Comisión Agraria en Calca, Cusco, presidida por la congresista de Fuerza Popular, se intentó aprobar el predictamen del Proyecto de Ley N.º 7085, a pesar de las preocupaciones sobre su posible impacto en especies amenazadas, como el shihuahuaco.

Sin embargo, la votación fue suspendida debido a controversias sobre el proceso; la secretaria técnica de la Comisión se abstuvo de leer los resultados, interrumpiendo abruptamente el debate, hecho que provocó una serie de reclamos por parte de las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque.