Caos en colegios nacionales: Profesores con denuncias de acoso, robo de equipos y alquileres de espacios a empresa privadas

Padres alarmados por revelaciones de corrupción en gestión de recursos de importantes instituciones educativas, señalan red de irregularidades que afectan a la comunidad estudiantil

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Denuncian existencia de proveedores y locadores fantasma en el ámbito educativo. (Willax)

La educación y las personas que dirigen las escuelas, que se supone son lugares seguros para los niños, tienen a los padres preocupados debido a un escándalo que cuestiona la gestión de recursos en importantes colegios nacionales. Una serie de irregularidades, que van desde alquileres indebidos hasta la asignación de plazas con criterios dudosos, han salido a la luz, revelando una supuesta red de corrupción que parece alcanzar las más altas esferas educativas.

Según el dominical Contracorriente, este panorama con un entramado de corrupción y malversación de fondos parece tener ramificaciones en distintas instituciones educativas. Con más de medio millón de soles administrados por el director del colegio, provenientes de cuentas del Banco de la Nación, se destapan alquileres irregulares que suman más de 2 millones de soles en tres colegios públicos autogeneradores de recursos. Todo parece indicar que estos fondos fueron direccionados con fines poco claros.

Esta situación se repite en diversos colegios de Lima Metropolitana

Revelaciones de alquileres indebidos y asignación irregular de recursos sacuden la confianza en la gestión educativa. (Composición: Infobae/captura)
Revelaciones de alquileres indebidos y asignación irregular de recursos sacuden la confianza en la gestión educativa. (Composición: Infobae/captura)

En la Unidad de Gestión Educativa UGEL 7, se observó más de mil órdenes de servicios en los últimos dos años, con proveedores fantasmas y locadores de servicios sin los títulos profesionales requeridos. Millones de soles destinados a pagos de favores y contrataciones cuestionables ponen en duda la transparencia en la gestión de recursos públicos.

“Es evidente que se están protegiendo unos a otros en un intento de encubrir estas prácticas corruptas”, señaló el representante de padres en el Comité de Gestión de Condiciones Operativas 2024, Paul Aiquipa Arizmendi.

En el Colegio Nacional Ricardo Palma, emblemática institución en Surquillo, la situación no es menos preocupante. Las denuncias de padres de familia apuntan a una presunta organización criminal que se habría apoderado de la institución en los últimos años. El alquiler permanente de las canchas a una empresa externa, en contravención de la ley que autoriza solo el usufructo para beneficio de los estudiantes, es solo la punta del iceberg.

“Es indignante que nuestras instalaciones deportivas estén siendo alquiladas mientras nuestros hijos no pueden hacer uso de ellas. Estamos hablando de un claro abuso de poder por parte de las autoridades del colegio, que parecen estar más preocupadas por sus propios intereses que por el bienestar de los estudiantes”, manifestó el padre de familia.

Robos de equipos, distribución irregular de recursos y denuncias de acoso sexual son solo algunas de las irregularidades que afloran en esta institución. “Es inaceptable que se estén vulnerando los derechos de nuestros hijos y que las autoridades educativas no estén tomando medidas contundentes para resolver esta situación”, agregó.

Otras denuncias

La sociedad civil denuncia una clara falta de transparencia en la administración de fondos educativos, cuestionando la integridad de las autoridades. (Captura)
La sociedad civil denuncia una clara falta de transparencia en la administración de fondos educativos, cuestionando la integridad de las autoridades. (Captura)

Pero la corrupción parece extenderse como una plaga a otras instituciones educativas, como la Institución Educativa Virgen del Morro en Chorrillos, donde contratos de alquiler firmados hace una década benefician a personas cercanas a la dirección, en detrimento del uso adecuado de los recursos públicos.

“Nos preocupa profundamente la falta de supervisión y control en la gestión de los recursos educativos, lo cual deja espacio para prácticas corruptas que perjudican a toda la comunidad educativa”, declaró el periodista Rafael Romero.

Pero la lucha contra la corrupción no se detiene en las denuncias. Profesionales comprometidos con la educación fueron perseguidos y sancionados injustamente por alzar su voz contra estas prácticas deshonestas. La necesidad de una supervisión más rigurosa y una rendición de cuentas transparente se hace evidente en medio de este caos institucional.

“Es fundamental que se investiguen a fondo estas denuncias y que se sancione a los responsables, para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro”, expresó el profesional.