Datos personales de los peruanos en riesgo: conoce el nuevo dictamen aprobado en el Congreso

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un documento previo que permitiría a Osiptel tener acceso a los datos personales (registro de llamadas, información de geolocalización y otros datos), sin autorización previa de los usuarios. La iniciativa fue presentada por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País.

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En entrevista, Nicolás Zevallos, exviceministro en Seguridad Pública del Mininter, explica las vulneraciones a datos personales de los peruanos de aprobarse el predictamen. (RPP)

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó un predictamen que permitiría un amplio acceso a datos personales. En declaraciones a RPP, Nicolás Zevallos, exviceministro en Seguridad Pública del Mininter señaló que el país se enfrenta a un vasto mercado negro de datos personales, donde el Estado figura como el principal proveedor de esta información sensible.

El proyecto de ley en cuestión, el 3752, propone otorgar mayores facultades a Osiptel para que realice una fiscalización más intensiva a las operadoras de telefonía y servicio de internet. Sin embargo, dicha medida incluye cláusulas que permitirían un acceso irrestricto e inmediato a la información personal de los usuarios, despertando preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos. El exviceministro Zevallos advierte sobre la facilidad con la que esta información es filtrada actualmente.

A pesar de la intención de fortalecer la supervisión del sector por parte de Osiptel, la inclusión de estos dos polémicos artículos en el proyecto de ley pone en relieve el delicado equilibrio entre la protección de datos personales y la fiscalización estatal. La inquietud de la opinión pública se sitúa en las implicaciones que podría tener para la confidencialidad de la información personal de millones de ciudadanos. La aprobación definitiva del proyecto está pendiente de discusión en el marco legislativo competente.

Las implicaciones que podría tener la aprobación del proyecto de ley atentan contra la confidencialidad de la información personal de millones de ciudadanos.
Las implicaciones que podría tener la aprobación del proyecto de ley atentan contra la confidencialidad de la información personal de millones de ciudadanos.

La problemática del tráfico de datos personales en el Perú no es un asunto nuevo, y plantea retos significativos tanto para usuarios como autoridades. La progresiva digitalización de servicios aumenta la vulnerabilidad ante este tipo de delitos, mostrando la urgencia de desarrollar marcos regulatorios adecuados que resguarden la privacidad sin obstaculizar la gestión y vigilancia por entes reguladores como Osiptel.

“Imagínense que nos toca la puerta un funcionario, y nos dice ‘estoy fiscalizando su empresa de telefonía, quiero saber donde compró el teléfono, cuando lo compró, cómo lo pagó, a quién llama, cuánto tiempo lo usa y un montón de información personal’ (...) Con este proyecto de ley, Osiptel podría hacer eso sin preguntarnos”, explica Zeballos. “Eso es realmente muy peligroso y muy preocupante para todos los que somos usuarios de este tipo de servicios”, añadió.

Foto ilustrativa de llamada telefónica
Foto ilustrativa de llamada telefónica

Crimen organizado busca obtener datos privados

En 2020, la criminalidad organizada obtuvo datos privados, y se robaron un millón de soles de bonos, del bono universal, recuerda Zeballos. En este contexto, de altas cifras de delincuencia, los datos personales no pueden acabar en manos de una red criminal. El especialista indica que la modificación significaría un enorme riesgo de acumular datos en una entidad pública.

Por lo menos, se han registrado diez casos emblemáticos de filtración de datos, donde la fuente principal es el Estado, pues las instituciones acumulan información nuestra muy importante, por ejemplo la página de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual fue hackeada hace unos meses por una banda criminal.

El exviceministro en Seguridad Pública del Mininter sostiene también que hay mucha información de empresas privadas que puede ser vulnerable y nos expone, “pero el Estado tiene responsabilidad de cautelar justamente esos elementos, de cuánto es lo que proporcionamos”.