El asilo otorgado por el Gobierno mexicano a la exprimera dama, Lilia Paredes, consigna información falsa y contradice la versión sostenida ante la justicia por el expresidente Pedro Castillo, según un expediente difundido este domingo por Punto Final.
El programa accedió a una serie de documentos oficiales de la administración de Andrés López Obrador y los sometió al análisis del politólogo Farid Kahhat, profesor de la Academia Diplomática del Perú, quien advirtió que el amparo se gestó con datos inexactos.
“Creo que en términos prácticos no existía esa situación, pero no es totalmente improbable, podría elaborarse un argumento en esa materia. Sin embargo, eso se da en el contexto en el que AMLO no solo dice que no hubo un golpe, sino que hubo un golpe contra Castillo, eso es inadmisible para el Perú”, dijo Kahhat.
“Acá si lo merecía o no Lilia Paredes puede discutirse, pero se dicen cosas palmariamente falsas respecto a lo que pasó el 7 de diciembre”, continuó.
Al día siguiente, el 9 de diciembre, Maximiliano Reyes, Subsecretario para América Latina y el Caribe en Secretaría de Relaciones Exteriores de México, envió un documento Adán López, exsecretario de la Gobernación mexicana. El petitorio de este oficio varió a “asilo político”.
“Desde que Pedro Castillo Terrones triunfó en las elecciones [...] su gobierno enfrentó un constante asedio de fuerzas políticas opositoras [...] formaron un frente común para obstaculizar el ejercicio gubernamental y destituir al mandatario”, se lee en el documento.
Para Kahhat, se trata de otro argumento con desinformación. “López Obrador ignora que fue un golpe extensible sin ninguna duda. Esto es una media verdad, que es peor que una mentira”, señaló.
El documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirma, además, que el expresidente pidió asilo mediante su abogado y que incluso lo ratificó verbalmente, contrario a la versión sostenida ante la justicia peruana, a la cual ha informado que solo iba a la sede diplomática a dejar a su familia “en buen resguardo”.
La exprimera dama y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la tesis fiscal, dirigió el exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es investigado por cargos de rebelión, conspiración y corrupción. La canciller Ana Gervasi anunció entonces que el Gobierno otorgó un salvoconducto a sus familiares e informó a México que Paredes está implicada en una pesquisa por un delito común, y que no hay “persecución política”.
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