El pasado miércoles 5 de julio Perú publicó la “Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país”, uno de sus primeros pasos específicos a favor de esta tecnología.
Debido a que procesos relevantes como la producción, la educación y el trabajo están transformándose significativamente, el desarrollo de capacidades digitales en el sector público es hoy en día uno de los mayores retos modernos. Se requiere, y de forma intensiva, que las autoridades puedan adaptarse para comprender y abordar adecuadamente estos cambios. Según el BID, a 2020 los países de Latam enfrentan retos clave para la democratización de los beneficios de la IA para el desarrollo, como la falta de infraestructura crítica, pero tambien muestran bases sólidas respecto a su gestión como estrategias de digitalización, datos abiertos y el desarrollo de agendas de IA. Perú, pese a ser un país con grandes brechas digitales entre la población, ha dedicado varios esfuerzos para fomentar el avance de la transformación digital en el sector público. Según el índice de desarrollo de E- Government de la ONU de 2022, Perú obtuvo 0.7524 escalando entre los países de Latam con mayores puntuaciones, mientras otros países como EE.U.U., Reino Unido y España calificaron con 0.9151, 0.9138 y 0.8842 respectivamente.
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A medida que se asienta el potencial de las IA, tambien crece velozmente las preocupaciones sobre cómo y en qué grado estas serán reguladas. Países como Chile y Argentina ya poseen tambien cierta normativa enfocada en el buen uso. Por el lado peruano, la reciente ley tiene por objeto promover el uso de la IA “(…) con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país”. Si bien no es una ley extensa, aborda aspectos clave para el provecho de esta nueva tecnología. Entre los seis principios que presenta para el uso y desarrollo de la IA destacan la seguridad (riesgos, ética y privacidad) y la fomentación de la participación colaborativa (instituciones, organizaciones, personas naturales, agentes públicos y privados). Ambas son dimensiones cruciales que son mencionadas por la ley para fomentar el mayor provecho posible de los agentes en lugar de limitarlos, a la vez de que se busca mantener el interés en la protección de los usuarios y la arquitectura digital clave.
La ley tambien plantea responsabilidades importantes para la Presidencia del Consejo de Ministros que es la autoridad técnico-normativa responsable de “dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la IA”. Entre estas responsabilidades están: impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, la formación de profesionales especializados, el fortalecimiento de la infraestructura digital, el desarrollo de una infraestructura de datos abiertos, el seguimiento de lineamientos ético y la colaboración nacional e internacional.
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Dada la infinidad de usos y posibles proyectos con IA, sería improductivo generar una normativa inicial demasiado detallada respecto a cómo usarla adecuadamente para el desarrollo pues corre el riesgo de quedar obsoleta. En el caso de Perú, la expansión de la sociedad digital está vinculada con distintos procesos de digitalización en sectores clave, como el educativo donde se ofrecen nuevas carreras y modalidades, el financiero con la expansión de las billeteras digitales y el trabajo con la modalidad remota. Algunos de estos cambios se dieron en menos de tres años por la Covid-19 superando cualquier proyección esperada y sería muy complicado precisar qué camino tomarán las iniciativas impulsadas por la IA.
En conclusión, este es un importante paso para Perú, considerando otros esfuerzos conjuntos como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (2021-2026), sin embargo vale resaltar que pese a los puntos fuertes comentados, su cumplimiento y seguimiento será lo que definirá el real provecho. El impacto para el país dependerá de la capacidad del sector público peruano de propiciar su uso concreto.
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