Elecciones en la dictadura de Venezuela

A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela (28 de julio), la comunidad internacional debería reanudar gestiones diplomáticas para asegurar que la dictadura de Nicolas Maduro cumpla con todas las garantías democráticas de los acuerdos que sentaron las bases para la celebración de los comicios.

En Barbados (octubre del 2023) el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a los partidos políticos opositores más importantes, acordaron que las elecciones se celebrarían con una amplia presencia de observadores internacionales y específicamente mencionaba a las misiones de la Unión Europea (UE), el Centro Carter y otros organismos (Grupo Expertos de Naciones Unidas, CELAC, CARICOM y Unión Africana) para garantizar la integridad del proceso electoral.

A pesar del carácter jurídico vinculante del acuerdo de Barbados, el régimen venezolano ha revocado la observación electoral de la UE. Atento que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido proscripta por Nicolas Maduro en la supervisión del sufragio y defensa del voto, la ausencia técnica europea reduce peligrosamente las garantías que las próximas elecciones en Venezuela se desarrollen conforme a los estándares democráticos internacionales. El Centro Carter, de confirmarse su asistencia, no tendría por sí solo la capacidad logística suficiente de observación de los comicios al contar con medios técnicos limitados. La participación de otros foros regionales o de la ONU es mas de acompañamiento político que de fiscalización electoral propiamente dicha.

Salvo la OEA y la UE, son pocos los organismos multilaterales con una reconocida trayectoria y disciplina técnica en procesos de veeduría electoral y con capacidad rigurosa de llevar a cabo un seguimiento de control amplio y completo y cuya certificación merezca plena confianza global. En general, la observación electoral comienza semanas antes del día de las elecciones supervisando el registro de candidatos, el marco legal, la situación de los medios, el trabajo administrativo electoral e incluso el ambiente de campaña política. El día de las elecciones, los observadores monitorizan en todo el país la apertura de las estaciones de votación, el sufragio y el conteo y tabulación de los resultados.

La falta de una observación internacional severa en las elecciones del 28 de julio en Venezuela difícilmente permita una gestión adecuada de prevención de riesgos de fraude y conductas irregulares. La situación es preocupante porque la Red Electoral Ciudadana (REC) ha advertido que, de los 15.900 centros de votación, 13.638 se encuentran en alguna condición de falencia administrativa que podrían afectar la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.

En este contexto, es urgente que Venezuela cumpla con los términos de los acuerdos de Barbados e invite a la misión de observación electoral de la UE para garantizar un resultado electoral transparentes y creíble. Con ese propósito, la Argentina debería impulsar acciones diplomáticas en particular ante el Mercosur y Estados Asociados, para evitar que se repita otro simulacro de elecciones democráticas en Venezuela. No es tolerable que conductas antidemocráticas sigan deteriorando las condiciones políticas, socioeconómicas y de derechos humanos de los venezolanos. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7,7 millones de venezolanos viven en el exterior. Sería lamentable que esa odisea no tenga fin.