Otro cambio de color de un Presidente camaleónico

Como es sabido, muchas especies de camaleón cambian de color. Según explica la ciencia, el cambio de color es una forma de camuflarse para evitar a sus predadores y también un idioma comunicacional. Es decir, con el cambio de color expresan algo respecto de su propio comportamiento. A través del color pueden expresar temor, un cortejo, enojo o estrés. En síntesis, los camaleones, a través del color, se comunican. En Argentina, lejos del territorio insular de Madagascar donde mayoritariamente habitan, el presidente Alberto Fernández parece haberlos estudiado con más entusiasmo que la carrera de abogacía que en algún momento eligió.

En 2013, la entonces mandataria Cristina Kirchner envío al Congreso de la Nación el proyecto de reforma judicial por el cual se proponía, entre otras cosas, la elección popular de los integrantes del Concejo de la Magistratura y un nuevo marco para el dictado de medidas cautelares por parte de los jueces. El título: “Democratización de la Justicia”. La verdad: el domino político de la Justicia. Conclusión: la Corte declaró su inconstitucionalidad.

Mientras tanto, en pleno tratamiento legislativo de aquellos proyectos, un entonces ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, se presentaba ante el periodista Nelson Castro a brindar una entrevista televisiva en la que dio interesantes conceptos acerca de la Justicia y su labor, haciendo gala, como siempre, de su carácter de profesor de derecho.

El profesor Fernández dijo respecto del proyecto sobre medidas cautelares: “Cuando alguien el día de mañana, cualquier Estado, cometa un atropello, y no tenga una medida cautelar que lo defienda frente al atropello, ¿qué vamos a decir nosotros? Y cuándo vayamos y los jueces sean todos Oyarbide, ¿qué vamos a decir nosotros?”. Recordó también: “En 2001, cuando Duhalde quiso parar los amparos y las medidas cautelares, ella se opuso diciendo que era inconstitucional. ¿Qué pasó Cristina? ¿Cuándo lo hacía Duhalde era inconstitucional y cuando lo hacés vos no? ¿Qué te pasó Cristina?”.

Recientemente, a raíz de, justamente, una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo profesor de derecho, pero esta vez con su color kirchnerista anunció que promoverá el juicio político al Presidente de la Corte, entre otras razones porque debe “...impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”. Y porque es su “deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

El Presidente de la Nación, ex legislador de la Ciudad y ex precandidato a vicejefe de gobierno de la ciudad, ya había minimizado, en el recurso que el Estado nacional interpuso ante la Corte contra la medida cautelar citada, el status autónomo que la propia Constitución Nacional le da a la Ciudad de Buenos Aires. Un porteño tan presuntamente federal que no es porteño. Ningún camaleón se atrevió a tanto. La palabra presidencial se ha devaluado, en la gestión de Fernández, a un ritmo tal vez más intenso al que lo ha hecho la moneda nacional en el mismo tiempo. Difícil dimensionar ese daño.

El pedido de un juicio político al Presidente de la Corte pretende instalar la idea de que existe un conflicto entre poderes: el Judicial y el Ejecutivo. Con otras intenciones y con otro color, Fernández ya lo planteaba en aquella entrevista del año 2013, diciendo: “Ojala el Poder Judicial lo plantee. No para que el Poder Judicial mantenga alguna prerrogativa, sino para que el Poder Judicial defienda los derechos de la gente. Porque en una República el Poder Judicial es la última garantía que tiene un ciudadano frente a los abusos del poder que puede cometer el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si el Poder Judicial para defender los derechos de la gente tiene que entrar en conflicto con otros poderes, todos los ciudadanos se lo vamos realmente a agradecer, porque es la última reserva que nos queda de garantía”.

La división de poderes, la República y el acatamiento de los fallos judiciales no son conceptos abstractos que nada tienen que ver con la vida cotidiana de los hombres y mujeres de a pie. Por el contrario, como bien se preguntaba Alberto Fernández en aquel dialogo televisivo: “¿Cuánto vamos a perder como país en inversiones con esta locura? ¿Quién va a venir en esta Argentina a invertir si ni siquiera tiene derecho a una medida cautelar que lo salve provisoriamente de la arbitrariedad que comete el estado? ¿Quién va a venir si lo único que muestra el Estado son arbitrariedades? Estoy pensando en la cantidad de oportunidades de trabajo que pierden los argentinos”.

Al presionar a la Justicia, desconocer fallos de la Corte, promover marchas pidiendo la renuncia de los jueces del Máximo Tribunal y solicitar el juicio político de su presidente, Alberto Fernández dejó de pensar en las oportunidades de trabajo que pierden los argentinos. Corrió, una vez más, y contrariamente a lo que pregonaba, detrás de los intereses de otra extraviada, Cristina Kirchner.

La autoridad de la Corte, en definitiva, la garantía de nuestra libertad, fue acatada sin importar el color político por los presidentes más autoritarios, cínicos o camaleónicos. La oposición será la garantía de la democracia, frenando los últimos y más graves desvaríos presidenciales, alzarse contra la Corte primero e impulsar su Juicio Político después. Alberto Fernández, el profesor de derecho, seguirá cambiando de color, tal vez diariamente. En su caso, a diferencia de los camaleones, a esta altura ya a nadie le interesa entender, ni en un caso de estudio, que es lo que ese cambio significa o que propósito persigue.

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