Cammesa, otra “caja negra” del Gobierno de turno

Según los estatutos de la constitución de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A, la sociedad tiene por objeto el despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de acuerdo con lo previsto por la Ley 24.065 y sus normas complementarias y reglamentarias.

A esos fines tendrá a su cargo maximizar la seguridad del sistema y la calidad de los suministros y a minimizar los precios mayoristas en el mercado horario de energía (“Mercado Spot”); planificar las necesidades de potencia y optimizar su aplicación.

Podrá actuar como mandataria de los diversos actores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y/o cumplir las comisiones que aquellos le encomienden en lo relativo a la colocación de la potencia y energía; satisfacción de las curvas de cargas a los distribuidores y organización y conducción del uso de las instalaciones de transporte en el Mercado Spot. Podrá actuar como agente de comercialización de la energía y potencia proveniente de importaciones y de emprendimientos binacionales, realizará el cálculo de las transacciones económicas y producirá la información necesaria para la facturación respectiva de los actos y operaciones que se realicen en el Mercado Spot del MEM.

Quienes componen la firma:

El paquete accionario de Cammesa es propiedad de las asociaciones que agrupan a los distintos Agentes del MEM en un 80%. El 20% restante está en poder del Estado Nacional, personificado por la Secretaría de Energía, el que asume la representación del interés general y de los consumidores atendidos por los Agentes Distribuidores. Como consecuencia de esta organización institucional, toda la energía eléctrica comercializada se canaliza a través del MEM, dividido en dos segmentos: el Mercado a Término y el Mercado Spot.

Los distribuidores pagan, o mejor dicho, deberían pagar, un precio estabilizado trimestralmente, el cual surge del costo medio previsto para el período y que contempla las pérdidas en la red de transporte. Y como el precio pagado por los distribuidores se fija independientemente de la retribución real de los generadores y transportistas, se ha creado un fondo de estabilización para atender los desfases financieros.

Debido al congelamiento de tarifas, la deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa crece desde hace dos años como una bola de nieve. Lo único que compensaba parcialmente ese rojo eran las exportaciones de energía, pero ahora perderá esos recursos y el Tesoro deberá incrementar sus aportes a la compañía.

En otras palabras, el Tesoro no podrá financiar el Gasoducto Néstor Kirchner, cuya ejecución está en manos de Enarsa, porque tendrá que cubrir el hueco que deje en Cammesa la pérdida de fondos. En realidad, es como hacerse trampa jugando al solitario en donde se apuestan aproximadamente USD 300 millones.

Otra violación al estatuto de la Cammesa, la firma no tendría por qué estar comprando gasoil a terceros, ni tampoco gas natural para abastecer la demanda de las generadoras, menos aún en un contexto en donde la energía eléctrica se encuentra subsidiada al menos en un 70%, en donde las empresas distribuidoras fuera del ámbito del AMBA no le pagan la energía entregada, esperando alguna concesión “política” para abonar importes adeudados en cómodas cuotas y bajos o nulos intereses.

¿Cómo se financia?

Los costos operativos de Cammesa se financian a través de contribuciones obligatorias de los agentes del MEM.

¿Cuáles son las atribuciones que Cammesa no debería efectuar y que podrían hacer otros organismos y entes estales sin tener en cuenta a Enarsa: comprar combustibles por cuenta y orden de terceros, intervenir y modular el mercado del gas natural, impidiendo la libre contratación entre productores y generadores, ejercer la autoridad de organismo recaudador de las distribuidoras, que a la fecha asciende solamente en deuda de capital a $355.997 millones equivalente al 0,6% del PBI.

Los fondos que Cammesa no cobra los pone el Tesoro para que pueda pagarles a las generadoras. Según el último reporte del Instituto General Mosconi, estas transferencias registran una tasa de incremento del 243,6% anual hasta abril último. Y destaca el economista del IGM, Alejandro Einstoss advierte que “no hay freno” para la acumulación de deudas con Cammesa y que “siempre” el que termina pagando es el Estado.

Según un informe sobre ejecución presupuestaria del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), un 75,8% de los subsidios se destinaron al sector eléctrico y un 24,2% al sector gasífero.

Los datos oficiales de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y del Presupuesto Abierto, que procesó la consultora Economía y Energía, dan cuenta de que sólo en mayo, el Gobierno destinó unos USD 1.000 millones. Se trata de un nivel similar al que se registró en abril, que fue de otros USD 1.010 millones, y llevan el acumulado de los primeros cinco meses del año a USD 4.930 millones.

Además, es importante resaltar que el período en el que menores erogaciones realizó el Estado para subsidios el año pasado es juntamente en el comienzo, con lo cual, lo más probable es que no solo se sigan aumentando, sino que se aceleren las transferencias a partir de junio.

Las proyecciones marcan que este año los subsidios a la energía se ubicarán cerca de la línea de los USD 14.000 millones, casi un 30% más de lo que se usó el año pasado. Un escenario que deja en claro que ni con los dos aumentos en las tarifas se logró compensar lo que destina el Estado a Cammesa.

Dentro de ese esquema, el volumen asignado a las productoras que obtuvieron prioridad para exportar, al ofrecer precios de producción más baratos, depende del contrato que tienen acordado con Cammesa, con una fórmula de multa take or pay (tomar o pagar). Eso significa que si eventualmente la empresa no necesita el gas para el momento acordado igual lo tiene que pagar.

Sin embargo, cuando la Secretaría de Energía autoriza a una productora a exportar, Cammesa se libera de esa obligación de pagar. Por ejemplo, si una petrolera ofertó en el Plan Gas.Ar un millón de metros cúbicos diarios a USD 2,80 por millón de BTU y de ese millón tiene 400 mil metros cúbicos vendidos a las distribuidoras y 600 mil metros cúbicos a Cammesa su techo potencial de exportación es este último.

De lo anterior surge que un Estado ausente en política energética, cuyas consecuencias están sufriendo las empresas y la sociedad en su conjunto, por efecto de la falta de gasoil, el corte de los suministros interrumpibles de gas natural a industrias, y una invitación al consumo indiscriminado de energía eléctrica y gas natural por parte de los usuarios residenciales del AMBA, debido a que los bajos precios por los subsidios al consumo hacen que el sistema sea inviable en el corto y también en el mediano plazo.

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