Malas noticias allende la cordillera por el conflicto mapuche en Patagonia

Una misma región estratégica global, con focos energéticos y minerales, que genera un corredor bioceánico, una misma organización vinculada al crimen transnacional organizado en convergencia con el terrorismo y con una monolítica planificación operacional, táctica y estratégica. Sus dos caras, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina, dos países con dos políticas gubernamentales disímiles, una persecutoria para proteger a sus ciudadanos y otra que garantiza aún en el exterior su impunidad.

El embajador argentino en Chile se presentó en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, en defensa del condenado por terrorismo que desconoce la soberanía argentina y se autopercibe parte del pueblo mapuche –aunque el grueso de este pueblo condena su accionar-, Facundo Jones Huala, que cumple condena en ese país y en ningún momento sufrió problemas en su derecho de defensa. Pidió por la libertad condicional del mismo. Huala fue extraditado a Chile en 2018 y condenado a nueve años de cárcel por un ataque incendiario que destruyó propiedades privadas en Pusi Pisue de Río Bueno en la Región de Los Ríos en 2013. El embajador argentino se enmarcó en auspiciar el pedido de libertad condicional y refutar al abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos. La presentación de Rafael Bielsa solo sirvió como mensaje que el gobierno argentino apoya a los grupos paraestatales armados que operan en la Patagonia porque la Justicia chilena denegó el pedido de Jones Huala.

Lo primero que un ciudadano argentino busca saber es si la Cancillería lo autorizó o le brindó instrucciones al diplomático.

Ningún embajador sería parte de una acción de esa naturaleza sin mandato, desconociendo como consecuencia directa su inmediata remoción e inicio de causas penales, incluso la de traición a la patria en nuestro país. En el caso que la Cancillería lo haya autorizado sería mucho peor, y más grave, de haber recibido instrucciones; cuestión que se debería exponer en una citación al Congreso del Canciller Santiago Cafiero.

Lamentablemente, con o sin instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo hecho por el actual embajador Bielsa refleja una línea política del gobierno de Alberto Fernández que abre paso a la disolución de la integridad territorial argentina, facilitando que regiones, en áreas de frontera, repliquen otras iniciativas y puedan excluirse del control del Estado nacional, como ya ocurre en Colombia con la frontera con Venezuela donde dominan los grupos del crimen transnacional relacionados de las ex FARC disidentes o el ELN, a la organización de referencia de Jones Huala, como en México y lo intentan en Chile, y en Brasil con la frontera con Guyana, y probablemente pueda fomentarse en otras áreas de Argentina, como en el Chaco donde también el oficialismo promovió guardias paraestatales a los Wasek, o en Misiones o Formosa, o cuando algún pícaro pasero emprenda el derrotero con algún pretexto con vocación ancestral sobre las tierras que utilizan cotidianamente para el paso ilegal de mercadería entre Salta y Jujuy en la frontera con Bolivia.

Por estas horas, en lugar que la Justicia actúe independientemente, se ampara a quienes desafían al Estado nacional con acciones terroristas en Argentina desde el Estado; y con protección de actores políticos oficialistas y funcionarios nacionales como los titulares del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como Magdalena Odarda, Luis Pilquiman (tio del testigo H en el Caso Maldonado) que junto al senador nacional Oscar Parrilli blindan y garantizan las tomas de tierras con apoyo de militantes del Frente de Todos como en la Toma del Mascardi Diego Pereira, alias Diego Cotaro, vinculado a La Cámpora en Bariloche; o en El Bolsón, donde en la nueva toma de Cuesta del ternero con su metodología de expandir el miedo procuran sus objetivos, y así como con referentes de organizaciones de DDHH que supieron defender causas nobles pero han equivocado el rumbo de sus causas al partidizarse con dogmáticas que violan los derechos humanos defendidos por la Carta de Naciones Unidas, tratados y protocolos, que nuevamente –como podría ser el caso de Bielsa- se sienten convocados, como en cada ocasión que los tributarios del populismo y las autocracias que se autocalifican como “progresistas”, pero concentran el poder en desmedro de las libertades cívicas y la participación republicana, fusionando sus esfuerzos con reaccionarias reivindicaciones nacionalistas y separatistas expresadas por colectivos identitarios que sustituyen al proletariado marxista de otrora.

Jones Huala es un actor que cumple una pena pasada en cosa juzgada por la Corte de Chile, por actos de violencia, condenado con todas las garantías de una legítima defensa, por el uso de la fuerza para lograr objetivos políticos de naturaleza criminal para su organización terrorista que despliega acciones en Chile como en Argentina.

El contexto político chileno actual se encuentra signado por la recta final a una elección presidencial y por un Estado de emergencia por el conflicto con la CAM. El presidente Piñera decidió enviar al ejército al sur del país, dada la escalada de violencia y sistemáticos atentados contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados y toma de terrenos y caminos rurales en la “zona roja” entre las regiones del Biobío y La Araucanía.

La declaración de emergencia y presencia de agentes del orden para evitar nuevos atentados de la CAM, que recientemente creó para asistir a las tomas y usurpaciones una organización armada que se denomina “resistencia mapuche”, denota una actuación sólidamente planificada a ambos lados de la Cordillera de los Andes, con actores como Jones Huala. Hay que tener en consideración que están planificando para actuar coordinada, táctica y estratégicamente de ambos lados de la cordillera, que tienen hasta traductores comunes, como un Corán en araucano y un manual de resistencia como el kutralwe, además de correos, reuniones, asambleas, y demás órganos de gobierno.

En Argentina, está visto y presta un nuevo testimonio el embajador Bielsa, que tienen la garantía que no serán perseguidos, siendo que los únicos desprotegidos serán los particulares cumplidores de la ley, con los hostigamientos de estos grupos.

En Argentina, la Resistencia Ancestral Mapuche -RAM-, ha demostrado sistemáticamente que sus acciones se dan por búsqueda de propaganda para legitimar su narrativa; para extorsionar y generar recursos, ya sea a propietarios de tierras ante sabotajes o a empresas energéticas en sus explotaciones; o para ampliar sus dominios donde ignoran la aplicación de la Constitución Nacional, con tierras para asegurarse pasos y presencia para su gente, sus formas de financiamiento ilegal, garantizar vías de escapes bioceánicas, al servicio del crimen organizado transnacional en convergencia del terrorismo.

La gravedad está dada por su desconocimiento a la ley y soberanía argentina y chilena, su vinculación al crimen organizado en convergencia con el terrorismo, ya sea de las FARC colombianas, de la guerrilla internacionalista kurda, entre otros que se coordinan para accionar, amenazando la seguridad nacional y hemisférica.

Estas acciones institucionales, deben ser visibilizadas en el Congreso a donde deben ser convocados a rendir cuentas y exponer motivos, porque estas causas que amenazan futuro y el progreso, además de estar tipificadas en el Código Penal deben ser rechazada y condenada con toda claridad y firmeza para evitar que estos núcleos generan más caos desde donde tensar al Estado y a las legítimas instituciones de la permanente obra construcción de la República Democrática, con ataques asimétricos, falsas narrativas, y así lograr avances y ventajas para el crimen organizado y el terrorismo.

La reparación es por medio de más y mejor democracia y república. Es inaceptable que un embajador argentino, representante máximo del Estado argentino en Chile avale y apoye al líder de un grupo violentos cuyo programa de acción es la secesión del territorio nacional y se constituya en abogado de un individuo que niega la soberanía nacional sobre el territorio y promueve acciones terroristas a través de delitos sucesivos contra el Estado, contra la propiedad privada, el ambiente y las instituciones.

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