¿Quo vadis, mercados?

Decidimos salir a cenar afuera. Ya en el restaurant, vemos mesas con comensales esperando ser atendidos. Algunos con cara de preocupación miran el reloj. De pronto, un individuo que parece ser el encargado se ubica sobre una tarima y dice con voz fuerte: “Hoy ofrecemos un menú distinto: el cliente no elige el plato que prefiere, sino que se vota entre las siguientes opciones: (1) suprema con puré de batata, (2) ñoquis al pesto o (3) pan de carne” Luego de esta introducción, procede a llevar a cabo la votación. Esta noche, la opción más votada será la elegida. Varios comensales se levantan para irse. Pero la puerta está cerrada. Si quieren comer, deben votar.

El ejemplo anterior sirve para entender las consecuencias de reemplazar decisiones que se toman en forma individual por decisiones “colectivas”. La decisión individual toma en cuenta preferencias y posibilidades de cada uno de nosotros. La decisión colectiva, en cambio, reduce las opciones y nos obliga a “unirnos” a otros con los cuales podemos tener poco en común.

James Buchanan, premio Nobel en economía, ha analizado este tipo de problemática en detalle. Buchanan contrasta decisiones tomadas en mercados con aquellas que resultan del mecanismo “político”. En las primeras no hay ganadores ni perdedores: cada uno elige lo que más le conviene. En las segundas, en cambio, se obliga al individuo a optar entre alternativas que el mismo no diseñó. Además, el proceso resulta en “ganadores” (aquellos que votaron por la alternativa mayoritaria) y perdedores (aquellos cuya elección salió derrotada). El mecanismo político es además indirecto: se canaliza a través de representantes, cuyos objetivos pueden ser (y habitualmente son) muy distintos de aquellos que les han entregado mandato.

Los recientes proyectos legislativos de Ley de Alquileres y de Ley de Góndolas tocan temas distintos. Sin embargo, ambos reemplazan decisiones de miles o tal vez millones de individuos por otras que toman un grupo de legisladores. En el caso de la Ley de Alquileres, y siguiendo con el ejemplo del restaurant, propietarios e inquilinos, deberán elegir “pechuga de pollo” cuando pueden preferir platos bien distintos.

Ambas leyes buscan “proteger”: en el caso de la de alquileres, forzando el plazo (3 años como mínimo), el mecanismo de indexación, las garantías y otros aspectos. Algunas de estas disposiciones son inocuas (por ejemplo, tipo de garantías, ya que el propietario no accederá a un contrato donde estas no son adecuadas). Otras en cambio (plazo mínimo, mecanismos de indexación) introducen riesgo y por lo tanto implicarán en el corto plazo retracción de demanda (consecuencia: mayor precio de alquiler) y en el mediano plazo menor inversión en el sector (también mayor precio de alquiler). Es de esperar que muchos propietarios se “defenderán” alquilando a parientes o conocidos, con lo cual el que no reúne estas características se verá perjudicado: en general quien no tiene parientes o amigos que son propietarios de viviendas para alquilar. Los pobres, y no los de mayores ingresos.

La experiencia argentina en la década del ’40 y ’50 es ilustrativa: la “protección” que el gobierno peronista brindó a los inquilinos contribuyó a destruir el ahorro de una numerosa clase media (que había invertido en propiedades para alquilar), y afectó por años la inversión en el sector.

La Ley de Góndolas obliga a parte del comercio minorista a organizar de cierta manera la presentación de sus productos. Esto incrementa los costos de intermediación (lo que perjudica a consumidores) y abre la puerta para creciente corrupción: inspectores de la Secretaría de Comercio visitarán locales y amenazarán con aplicar multas. Es fácil darse cuenta la reacción del gerente de la cadena “X” ante esta amenaza: “pasemos por la oficina y veamos cómo podemos arreglar el problema”. En definitiva: toda vez que se erigen barreras, surge la forma de evitarlas.

Sorprende el apoyo de estas leyes por parte de políticos de los cuales se esperaría otra cosa. En relación a alquileres, Martín Lousteau dice: “Este debate implica nivelar las relaciones entre partes, para que no sea un mero contrato de adhesión: le estamos dando prioridad al derecho más importante y el más débil”. Solo él sabe qué significa esto.

En cuanto a góndolas: “Si se tienen que fundir los supermercados, mejor para la historia del país”. La diputada Carrió, apoya iniciativas que no sólo perjudican a consumidores, sino que también pueden aumentar el ya elevado nivel de corrupción existente en el país.

El autor es profesor de la Universidad del CEMA