Funcionarios de Toluca desacreditan públicamente a periodista por cuestionar hundimientos en el municipio: “Genera alarma en la población”

Funcionarios del Ayuntamiento de Toluca desacreditaron al periodista Carlos Alberto Pérez Gómez tras sus cuestionamientos sobre la extracción del agua en el municipio y los hundimientos que ello ocasiona.

Durante la conferencia de prensa conocida como La Toluqueña el pasado 9 de septiembre, el alcalde Ricardo Moreno Bastida y el director de Planeación y Gestión Urbana, Gabriel Medina, calificaron sus planteamientos como inexactos y aseguraron que sus planteamientos generaban alarma entre la comunidad.

Ante ello, la organización Artículo 19 consideró que se trataba de actos violentos que estigmatizaban al comunicador y ponían en duda su labor periodística, lo cual resulta alarmante no solo por el contexto de violencia, sino porque el periodista ya había sido víctima de agresiones e incluso recibió amenazas de muerte durante 2025.

Periodista cuestiona a funcionarios públicos y es estigmatizado

El intercambio se dio después de que el periodista del medio local Todo en Contra, preguntó si el Ayuntamiento consideraría la recomendación de detener temporalmente la operación de dos pozos para evaluar su posible relación con el acelerado hundimiento en una zona de la ciudad.

La recomendación había sido expuesta por investigadores durante un encuentro académico celebrado días antes. De acuerdo con lo planteado en esa sesión, la suspensión temporal permitiría revisar si la extracción de agua incidía en la subsidencia detectada en el centro de Toluca.

Gabriel Medina, director municipal de Planeación y Gestión Urbana, respondió que el gobierno municipal no atendería esa recomendación. Afirmó que la hipótesis sobre una relación directa entre los pozos y los hundimientos no contaba con certeza científica.

El funcionario sostuvo que había alrededor de 1,400 pozos en el valle de Toluca y cuestionó que se atribuyera el deterioro del suelo a 16 pozos. También señaló que los dos puntos mencionados extraían 12 y 30 litros por segundo, respectivamente.

Medina dijo que el periodista había difundido interpretaciones inexactas sobre las causas de los hundimientos. Le reprochó haber asumido que la perforación de nuevos pozos provocó grietas y daños en inmuebles del centro de la ciudad.

“No podemos generar un estado de alarma en la población”, afirmó el funcionario. También le pidió al periodista que publicara de forma íntegra sus intervenciones y no fragmentos que, según su postura, pudieran modificar el sentido de sus declaraciones.

El director municipal aseguró que las autoridades prepararían estudios con la UNAM para determinar las condiciones del suelo y del subsuelo. Dijo que esos resultados servirían para definir medidas dentro de la planeación urbana y el atlas de riesgo.

Ricardo Moreno cuestionó el rigor periodístico del reportero

El presidente municipal Ricardo Moreno Bastida intervino después para descalificar la investigación presentada por un académico de la Facultad de Ingeniería. Señaló que el trabajo no contaba con el respaldo institucional de esa facultad.

Moreno afirmó que había solicitado información a la rectoría y a la propia unidad académica. Sostuvo que la investigación fue elaborada por un investigador que obtuvo recursos para un proyecto, pero que no representaba una postura de la institución universitaria.

El alcalde también cuestionó la difusión de los resultados y afirmó que el trabajo contenía datos que consideró incorrectos. Añadió que se habría utilizado de forma indebida el nombre de personas servidoras públicas como participantes de la investigación.

Durante su intervención, Moreno calificó la cobertura del periodista Pérez Gómez como una campaña de activismo. Dijo que el periodista debía diferenciar entre esa actividad y su trabajo informativo, al que describió como una labor que requería mayor seriedad.

“Estás participando de una campaña como activista”, expresó el presidente municipal. También sostuvo que la discusión sobre hundimientos había creado expectativas y alarma entre habitantes de Toluca.

Pérez Gómez pidió responder a las acusaciones. Señaló que podía ofrecer una disculpa pública si las autoridades demostraban que alguna de sus afirmaciones era incorrecta. También pidió que presentaran los fragmentos de sus publicaciones que consideraban imprecisos.

Artículo 19 alertó por una serie de descalificaciones

Ante estos hechos, Artículo 19 México y Centroamérica alertó que las expresiones de los funcionarios formaron parte de actos reiterados de estigmatización contra Pérez Gómez. La organización recordó que Moreno ya había llamado “activista” al periodista durante conferencias realizadas el 6 de agosto de 2025 y el 21 de enero de 2026. Indicó que los cuestionamientos se repitieron después en publicaciones hechas por funcionarios municipales.

La organización sostuvo que una autoridad no podía definir quién era periodista a partir de su línea editorial, de las preguntas que formulaba o de las investigaciones que incomodaban al poder. Señaló que cuestionar a las autoridades no eliminaba la calidad periodística de una persona.

La organización advirtió que las personas servidoras públicas tenían un deber de cuidado reforzado al emitir declaraciones sobre periodistas. Añadió que esos mensajes podían elevar la vulnerabilidad de quienes participaban en asuntos de interés público.

Pérez Gómez había sido detenido en julio de 2024 mientras realizaba una cobertura y después fue incorporado al Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México. La denuncia penal iniciada en su contra fue archivada en abril de 2025.

En octubre de 2025, el periodista recibió una amenaza de muerte relacionada con una cobertura en Toluca. La investigación de ese caso terminó en archivo temporal, al igual que la indagatoria por el intento de sustracción de una cámara de vigilancia instalada en su domicilio como medida de protección.

Artículo 19 exigió a Ricardo Moreno y al Ayuntamiento de Toluca que cesaran las descalificaciones contra Pérez Gómez y que garantizaran condiciones para preguntar, investigar y cubrir asuntos de interés público sin represalias ni estigmatización.