Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

El presupuesto público, las tierras indígenas y los recursos del subsuelo están en el centro de la guerra que Los Ardillos y Los Tlacos libran en la Montaña de Guerrero, no sólo entre ellos mismos, sino también contra las comunidades indígenas organizadas.

Los ataques con drones, las balaceras y el desplazamiento de más de 1,300 personas que se registran en la última oleada iniciada el 6 de mayo de 2026 son la cara visible de una disputa que lleva más de una década y que va mucho más allá del narcotráfico.

Desde que el mercado de la heroína colapsó, ambos grupos reorientaron su modelo de negocios. La extorsión se convirtió en el eje central: transporte público, tiendas, mercados, operadores turísticos, eventos religiosos y empresas mineras.

El padre José Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello y sobreviviente de un atentado atribuido a Los Ardillos en 2023, lo resumió en una entrevista con La Jornada Maya en febrero de 2024: “La disputa no solo es por el control de territorios, sino que abarca las minas, el transporte, los mercados, los refrescos, la cerveza y los granos”.

El Ramo 33, el presupuesto que el crimen organizado disputa municipio por municipio

Uno de los botines menos visibles —y más lucrativos— de esta guerra es el Ramo 33, el fondo federal de aportaciones que llega a los municipios para obras y servicios básicos.

El mecanismo es sistemático. Según fuentes consultadas por Milenio, los grupos criminales citan a los presidentes municipales al inicio de su gestión y les presentan un plan para ese presupuesto. Una fuente militar anónima lo describió sin ambigüedades: “Si el presidente municipal se compromete a entregar el Ramo 33 al crimen organizado, va a sobrevivir su gestión. Pero si no quiere o no puede, esa mujer u hombre está muerto”.

El caso de la exalcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández ilustra cómo opera ese esquema. Según el mismo reporte del medio antes citado, la entonces funcionaria habría pactado entregar el rastro municipal a Los Ardillos con un sobreprecio de 95 millones de pesos del Ramo 33, comprando materiales exclusivamente a empresas controladas por el grupo.

Hernández fue grabada en agosto de 2023 en una reunión con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos. En el video se escucha decirle: “Dime, ¿cómo puedo ayudar?, no me interesa a qué te dedicas”. Morena la expulsó de sus filas tras la difusión de las imágenes.

Los Tlacos, por su parte, se quedaron con la administración del relleno sanitario que atiende a Chilpancingo, Tixtla y Zumpango, también construido con sobreprecios del mismo fondo federal, de acuerdo con Milenio. El patrón se repite en otros municipios.

El padre Filiberto lo explicó en términos más amplios a La Jornada Maya: “Aparecen como empresarios de la construcción, de los comercios; se apropian del presupuesto del municipio imponiendo sus empresas y concesiones; entre más municipios tengan, más recursos llegan”.

Esta situación se suma a lo que ha documentado la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes de México, quienes han expuesto casos donde en zonas como Acapulco, Chilpancingo y Taxco, el crimen organizado “fija los precios finales” de productos.

La minería y el territorio indígena, el fondo de la disputa

Debajo de las comunidades desplazadas hay recursos que ninguno de los dos grupos quiere ceder. Falko Ernst, analista del International Crisis Group especializado en México, explicó a InSight Crime en febrero de 2020 que la caída del mercado de la heroína empujó a los grupos criminales de Guerrero hacia nuevas fuentes de ingreso: “La minería se ha convertido en un foco importante de conflicto en muchas partes de Guerrero, y Los Ardillos buscan controlar estos recursos”.

El subsuelo de la Montaña de Guerrero contiene oro, plata, cobre, plomo, zinc y otros minerales. El padre Filiberto ha aclarado que el interés del crimen organizado no es explotar directamente las minas: “No es que el crimen organizado tenga interés en explotarlas, porque no tienen la tecnología ni el conocimiento, pero sí aprovechan toda la industria que se genera alrededor”.

Eso incluye extorsiones a empresas concesionarias, cobro de cuotas a ejidatarios y trabajadores, y control de las concesiones de transporte y acarreo de material.

En una reciente entrevista con Milenio Televisión este martes también dijo: la zona “fue en su tiempo un productor de amapola, de marihuana” y ahora hay “otros intereses que pueden tener que ver con la minería y otro tipo de cuestiones”.

Desplazar a las comunidades, explicó, es la forma más eficiente de limpiar el territorio: “Al desplazarse ya no hay una base social, ya no hay personas que impidan el avance de quienes pretenden quedarse con ese territorio”.

La respuesta federal

El 12 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, describió la crisis en la mañanera como un conflicto entre Los Ardillos y Los Tlacos por el control de la zona.

El operativo federal que siguió fue de gran escala: 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades, 200 policías estatales con 34 patrullas, cinco helicópteros, ambulancias y personal médico, según el reporte oficial.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez se trasladó a Chilapa junto con la gobernadora Evelyn Salgado para encabezar un Centro de Mando en Chilpancingo.

Fueron liberadas la carretera estatal Chilapa–José Joaquín de Herrera y caminos secundarios bloqueados durante días. Seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar.

De los desplazados atendidos en Alcozacán y Coatzingo, 120 pobladores solicitaron permanecer en sus comunidades y no ser trasladados a albergues; recibieron colchonetas, cobertores, generadores eléctricos e insumos básicos.

Jesús Plácido, dirigente del CIPOG-EZ, dijo en entrevista con Radio Fórmula: “Aquí ha habido durante más de 10 años resistencia ante este crimen organizado de los Ardillos, que opera en nuestra región hace 30 años y que ningún gobierno tiene carpeta de investigación ni detención de los líderes”.

Plácido señaló por nombre a varios funcionarios “cómplices de Los Ardillos”. El mismo dirigente advirtió que la llegada de fuerzas de seguridad al municipio “simplemente es mediática”, y que en cuanto pase el tema las comunidades quedarán otra vez en el olvido.

Para el 12 de mayo de 2026, 1,300 personas seguían desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero. El saldo acumulado desde el 6 de mayo era de 81 asesinados y 25 desaparecidos, según el CIPOG-EZ.