
La activista Guedany Figueiras, defensora de derechos humanos que participó en el acompañamiento jurídico del caso del feminicidio de Cecilia Monzón, denunció haber sido víctima de despido injustificado dentro del Ayuntamiento de Puebla, presuntamente por decisión de la regidora Lupita Vanesa López.
De acuerdo con la denuncia pública, la activista fue notificada el 20 de febrero de 2026 de que no podría continuar trabajando en la oficina de la regidora, donde colaboraba, presuntamente debido a “presiones políticas externas” relacionadas con su labor en defensa de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con el medio local Periódico Central, Guedany sostiene que su salida del cargo responde a represalias derivadas de su trabajo como defensora por los derechos humanos y por su postura frente a casos de violencia de género, entre ellos el proceso judicial por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.

Tras el despido, la activista informó que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la cual ya habría emitido medidas cautelares para proteger su integridad.
Además, indicó que también se interpusieron denuncias ante la Sindicatura Municipal y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para investigar posibles responsabilidades relacionadas con su salida del cargo.
Colectivas feministas denuncian hostigamiento
El caso también provocó la reacción de la organización Por las Mujeres de Puebla, que acusó públicamente a la regidora Lupita Vanesa López de ejercer hostigamiento laboral, acoso y violencia de género contra la activista.
Según las colectivas, la funcionaria habría intentado justificar el despido alegando que actuaba bajo instrucciones de instancias superiores e incluso mencionando el nombre de la titular federal de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, lo que las activistas consideran un posible uso indebido del nombre de una funcionaria federal para intimidar.
Responsable en feminicidio es trasladado al Altiplano
El pasado 2 de febrero de 2026, el exfuncionario priista Javier López Zavala, responsable en el feminicidio de Cecilia Monzón, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
El traslado se realizó después de que un tribunal lo sentenciara a 60 años de prisión por su participación en el asesinato de la abogada y activista, ocurrido en mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla.

Las autoridades señalaron que la decisión de mover a López Zavala obedece a una estrategia para preservar la seguridad al interior de los centros penitenciarios, luego de su permanencia en cárceles de la entidad poblana.
¿Qué es la Ley Monzón?
El asesinato de Monzón se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México y derivó en reformas legales como la Ley Monzón es una reforma legal impulsada tras el feminicidio de Cecilia Monzón y busca proteger a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
La legislación establece que los feminicidas pierden automáticamente la patria potestad sobre los hijos que tuvieron con la víctima, con el objetivo de evitar que las infancias queden bajo la tutela de quien asesinó a su madre.

Entre sus principales medidas se encuentran:
- Retiro de la patria potestad a quien sea condenado por feminicidio.
- Suspensión de derechos parentales cuando exista un proceso penal por este delito.
- Protección legal y económica para los hijos e hijas de la víctima.
La iniciativa fue aprobada primero en Puebla en 2023 y posteriormente comenzó a replicarse en otras entidades del país como parte de las reformas impulsadas para combatir la violencia de género y proteger a las víctimas indirectas de feminicidio.
El caso de Cecilia Monzón continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en el impulso de cambios legislativos en México.
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