Una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa contra los dos hombres señalados como presuntos responsables de extorsión agravada y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, tras ser presentados ante el juez por su probable participación en hechos violentos ocurridos en el Mercado de Abastos La Yarda, en Mazatlán, Sinaloa.
La audiencia inicial se celebró el 20 de febrero de 2026, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada contra el Secuestro de la Zona Sur.
Durante el desarrollo de la diligencia, los acusados —identificados como Víctor “N” y Luis “N”— optaron por reservar su derecho a declarar y, junto con sus abogados, solicitaron la duplicidad del término constitucional, que permite ampliar el plazo para que la defensa y la Fiscalía presenten pruebas.
La autoridad judicial estableció que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo el 24 de febrero de 2026 a las 13:30 horas, con el objetivo de revisar la imputación formal y otros elementos del caso.
Hechos que se investigan
Según la carpeta de investigación integrada por las autoridades, los hechos que derivaron en la detención ocurrieron el 10 de febrero de 2026, cuando ambos presuntos responsables se presentaron en un negocio dentro del mercado y, presuntamente, sustrajeron dinero en efectivo y exigieron mayores pagos bajo amenazas de muerte y de privación ilegal de la libertad.
Durante su detención y la posterior puesta a disposición del Ministerio Público, también se les aseguró clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, motivo por el cual además de extorsión enfrentan cargos por narcomenudeo.
La medida de prisión preventiva oficiosa impuesta tiene como finalidad garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes etapas del proceso penal, así como evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en la investigación.
Reacciones y contexto
El aumento de operaciones de extorsión a comerciantes se ha convertido en uno de los focos de atención para las autoridades estatales y federales, que han reforzado labores de inteligencia y coordinación con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La intervención de elementos de seguridad y la actuación de los órganos judiciales reflejan la presión que ejercen los delitos de cobro de piso y narcomenudeo sobre la actividad comercial en zonas como la del mercado de abastos en Mazatlán.
Mientras avanza el proceso, familiares de comerciantes y ciudadanos han reiterado la importancia de que el sistema de justicia actúe con diligencia para frenar este tipo de delitos que afectan la economía y la tranquilidad de las comunidades.
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