Transportistas y taxistas van a paro tras multas y corralones por revista vehicular en Puebla

Desde este martes 3 de febrero, miles de usuarios del transporte público en Puebla podrían enfrentar serios problemas de movilidad. Transportistas y taxistas anunciaron un megaparo de labores luego de que concluyera el plazo para cumplir con la revista vehicular, un proceso obligatorio que define qué unidades pueden seguir operando y cuáles serán retiradas de circulación.

De acuerdo con los organizadores, más de 20 mil unidades dejarán de prestar servicio, lo que impactará no solo a la capital poblana, sino también a su zona metropolitana. Pese a la magnitud de la protesta, hasta ahora no se han especificado las rutas que participarán, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que dependen diariamente del transporte público.

El origen del conflicto está en la postura de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, quien advirtió que a partir de febrero todas las unidades que no hayan aprobado la revista vehicular serán retiradas del servicio. Esta inspección, que busca verificar condiciones mecánicas, seguridad y documentación, concluyó oficialmente el 30 de enero.

Las consecuencias para quienes no cumplieron son severas: multas de hasta 25 mil pesos y envío de unidades al corralón, lo que, en los hechos, implica sacar de circulación a una parte significativa del parque vehicular.

La revista vehicular fue reactivada en 2025, luego de permanecer suspendida durante 12 años. Según el gobierno estatal, su objetivo es reducir riesgos para los usuarios y evitar que unidades en mal estado sigan prestando servicio. No obstante, para los transportistas la medida es vista como una estrategia recaudatoria que no toma en cuenta la realidad económica del sector.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De un padrón de 35 mil unidades, solo 16 mil 548 lograron aprobar la revista, lo que deja a casi la mitad de los concesionarios en riesgo de ser sancionados o de perder su fuente de ingresos.

Ante este escenario, Samuel Méndez, representante de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), confirmó que el megaparo es una forma de rechazo directo a las inspecciones y a las nuevas exigencias de regularización. Según explicó, los concesionarios llevan al menos diez años sin aumentos en las tarifas, a pesar del encarecimiento de refacciones, combustible y mantenimiento.

Desde la perspectiva de los choferes, Puebla mantiene una de las tarifas más bajas del país, lo que limita seriamente la capacidad de invertir en mejoras mecánicas y cumplir con los nuevos estándares de seguridad impuestos por la autoridad.

El conflicto plantea un choque entre dos visiones: por un lado, el gobierno estatal que busca modernizar y ordenar el transporte público; por el otro, miles de familias que dependen de las unidades como su única fuente de ingreso y que aseguran no tener margen financiero para enfrentar multas, inspecciones y renovaciones forzadas.

Mientras tanto, la ciudadanía queda en medio del conflicto. Si el paro se concreta, Puebla podría enfrentar uno de los mayores colapsos de movilidad de los últimos años, con miles de personas sin opciones claras para trasladarse a escuelas, trabajos y centros de salud.