La movilización del pasado domingo 25 de enero, impulsada por integrantes del Refugio Franciscano y respaldada por activistas animalistas, dejó al descubierto la creciente tensión entre el Gobierno de la Ciudad de México y organizaciones civiles defensoras de los derechos animales.
La marcha, que reunió a cientos de personas desde el Monumento a la Revolución hasta Palacio Nacional, tuvo como principal demanda la devolución de los perros y gatos confiscados tras la clausura del refugio, una acción oficial justificada por denuncias de maltrato animal.
Desde la administración capitalina, insisten que la respuesta ha sido basada en el respeto al derecho de manifestación.
Durante una rueda de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que en la ciudad no existen restricciones para la protesta y que la movilización se desarrolló sin incidentes.
Sin embargo, el trasfondo revela un escenario de desconfianza y desacuerdos acumulados.
Por su parte, las autoridades locales, encabezadas por el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostienen que han mantenido abiertos los canales de diálogo, permitiendo la participación del Refugio Franciscano en la elaboración de una propuesta de Ley de Refugios y facilitando el acceso de la organización a los albergues donde permanecen los animales rescatados.
Acusan al Gobierno de la Ciudad de México de romper acuerdos
Según testimonios oficiales, los representantes del refugio reconocieron el estado adecuado en el que se encuentran los animales bajo resguardo.
Pese a estos gestos, el gobierno acusa al Refugio Franciscano de romper acuerdos previos. Según Cravioto, en la última mesa de diálogo la organización se comprometió a no participar en la convocatoria de protesta y a informar sobre los avances negociados con la administración local.
La participación activa de sus integrantes en la protesta del domingo, acompañados por actores políticos como una concejal y el presidente del PRI de Coyoacán, es interpretada por el gobierno como un giro que mezcla demandas ciudadanas con intereses partidistas.
Por su parte, los manifestantes rechazan la narrativa oficial y denuncian que las acusaciones de maltrato animal son infundadas.
Aseguran que, durante el operativo de clausura y los traslados, algunos animales murieron y no han recibido información suficiente sobre el estado de los ejemplares. Además, exigen la devolución de los animales y mayor transparencia en las acciones gubernamentales.
El conflicto pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos alcanzados entre el gobierno capitalino y las organizaciones civiles, así como la dificultad para sostener la interlocución en un clima marcado por la desconfianza.
Mientras las autoridades insisten en haber cumplido con cada compromiso pactado y demandan reciprocidad, el Refugio Franciscano y sus simpatizantes mantienen la presión pública, intensificando la tensión en torno a la protección animal y la gestión de los refugios en la capital.
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