Desde el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción 7 Bis al Artículo 61 de la Ley de Víctimas de la capital.
La propuesta, conocida bajo el lema “El que pega paga”, busca garantizar que los agresores sean los primeros responsables de cubrir los gastos y costos judiciales de las víctimas, especialmente cuando estas se ven en la necesidad de contratar a un abogado privado para dar seguimiento a sus procesos.
Contexto de la iniciativa
Durante su intervención en el pleno, la legisladora destacó que, aunque la Ciudad de México cuenta con defensorías y asesores jurídicos públicos comprometidos, la alta demanda y carga de trabajo impide en muchos casos una atención rápida y suficiente.
Como consecuencia, diversas víctimas terminan recurriendo a servicios privados que generan gastos que no están plenamente reconocidos en la legislación local.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se iniciaron más de 280 mil carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales alrededor de 30 mil corresponden a la Ciudad de México.
Asimismo, la Secretaría de las Mujeres capitalina informó que entre 2019 y 2024 la Fiscalía General de Justicia logró más de 15 mil vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, además de una reducción del 32% en las muertes violentas de mujeres.
Estos avances, señaló la diputada, son resultado de políticas públicas que fortalecen la atención y sanción de agresores, pero todavía muestran que la violencia persiste en la capital.
Declaraciones de Elizabeth Mateos
“¿Quién debe pagar los gastos de las víctimas cuando estas se ven en la necesidad de contratar un abogado privado? Hasta ahora, la respuesta ha sido injusta: los paga la víctima, y eso no puede seguir así”, afirmó Mateos.
La diputada recordó que la Ley General de Víctimas reconoce estos gastos como parte de la reparación integral, aunque una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo en Revisión 31/2023) determinó que no pueden imponerse directamente al sentenciado en el proceso penal, sino reclamarse por vía administrativa.
Por ello, la legisladora propone que la ley local establezca de manera expresa que el agresor es el primer obligado a cubrir esos costos, sin excluir la responsabilidad subsidiaria del Estado.
La diputada subrayó que la reforma envía un mensaje firme contra los agresores, “Aquí no se tolera la violencia, aquí no hay privilegios para el agresor. El que pega paga, y en la Ciudad de México no se deja a las víctimas a su suerte”.
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