El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó este miércoles las razones por las que el Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 26 personas con presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el funcionario señaló que el traslado forma parte de las acciones para reducir la violencia en el país y salvaguardar a la población, al tratarse de individuos identificados como generadores de violencia.
“Se concretó el traslado de 26 generadores de violencia; se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte”, afirmó García Harfuch, quien precisó que el mismo compromiso se aplicó para los 29 reos entregados en febrero pasado por ordenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
García Harfuch explica extradición por seguridad nacional
Omar García Harfuch dijo que la segunda extradición masiva de delincuentes se tomó por “interés nacional” y siguiendo el más alto criterio para la atención de la ley de seguridad nacional y por determinación del Consejo de Seguridad Nacional.
“En una acción alineada con la estrategia nacional contra la extorsión orientada a la protección de la población de nuestro país”, refirió el secretario, quien dijo que se buscó limitar las operaciones de los criminales de alto perfil que, a pesar de estar privados de la libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles mediante visitas.
“Eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, aseguró Harfuch.
Además, indicó que muchos de estos internos habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o en centros federales que podrían facilitar su traslado a penales estatales menos vigilados, aumentando así el riesgo de fuga y la continuidad de sus operaciones.
“Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, expresó el funcionario.
26 criminales de alto perfil en 5 cárceles estadounidenses
Los 26 integrantes del crimen organizado trasladados permanecían recluidos en cinco centros penitenciarios federales y cuatro estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones en Estados Unidos por delitos de alto impacto, como tráfico de personas, homicidio, trasiego de drogas, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que, con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años”, afirmó el titular de la SSPC.
Para la operación participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y Fiscalía General, el traslado se realizó desde la Base Aérea Militar número 1 en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Marina hacia diversas ciudades de Estados Unidos: 8 a White Plains, NY; 1 a John F. Kennedy, NY; 5 a San Diego, CA; 6 a Phoenix, AZ; y 6 a Dulles, VA.
García Harfuch aseguró que la operación se llevó a cabo con apego a protocolos institucionales, con presencia de personal médico y jurídico para garantizar los derechos humanos de los extraditados. Además, confirmó que los centros penitenciarios de origen operan con normalidad y sin incidentes.
Recordó que en febrero pasado se realizó un traslado similar de 29 líderes criminales, quienes habían visto postergadas sus extradiciones en numerosas ocasiones.
Por ejemplo, Miguel Ángel “N”, alias “Z-40”, tuvo su proceso pospuesto 79 veces, y Oscar “N”, alias “Z-42”, 54 veces. Ambos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos y amenazaban constantemente al personal penitenciario.
“Con estas acciones reafirmamos que el Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y que la seguridad del pueblo de México es la prioridad”, concluyó el secretario.
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