El periodista jubilado Jorge González fue vinculado a proceso penal en Campeche tras una denuncia interpuesta por la gobernadora del estado, Layda Sansores, por el presunto delito de odio. Como parte de las medidas cautelares dictadas por el juez de control, se le ordenó abstenerse de ejercer el periodismo por un periodo de dos años, al tiempo que se suspendieron las actividades del medio digital Tribuna, del que fue director durante tres décadas.
La acusación señala que González causó daño psicológico a la gobernadora a través de publicaciones en una columna anónima del diario Tribuna. El periodista ha negado ser autor de dichos textos, publicados bajo el título Las tripas del jaguar. Asegura que, desde su jubilación en 2017, sólo ha conducido un programa televisivo en Telemar donde ha criticado a la administración estatal, particularmente en temas de seguridad.
El abogado defensor del periodista, Edwin Trejo Gutiérrez, calificó la imputación como excesiva, al no existir pruebas periciales del daño alegado y consideró irregular que se le responsabilice por publicaciones anónimas pese a su retiro. Añadió que, aunque la denuncia fue interpuesta a título personal por Sansores, el consejero jurídico del gobierno estatal aparece en la carpeta como su asesor legal.
Proceso civil paralelo
En paralelo, González enfrenta un proceso civil iniciado por Walther David Patrón Bacab, vocero y director de Comunicación Social del gobierno estatal, por otra publicación anónima. La demanda, que ya se encuentra en fase de ejecución, obliga al periodista a pagar dos millones de pesos como indemnización, con la amenaza de embargo de su vivienda.
El periodista también reportó una agresión física en abril de 2025 durante un incidente con policías municipales, en el que resultó golpeado y esposado. No presentó denuncia formal, al considerar que las instituciones locales no ofrecen garantías de imparcialidad.
¿Un caso de hostigamiento judicial?
Organizaciones y periodistas locales han denunciado un patrón de hostigamiento judicial y físico contra comunicadores críticos al gobierno de Campeche. Abraham y Carlos Martínez, ambos periodistas, también enfrentan procesos por “violencia política de género”, interpuestos por la gobernadora y la secretaria de Seguridad Pública estatal.
Ambos se encuentran bajo medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al igual que Luis Armando Mendoza, quien denunció un ataque con cóctel molotov a su domicilio en 2023, presuntamente relacionado con su actividad crítica.
La gobernadora ha negado que se trate de un acto de censura y ha defendido su postura en su programa Los martes del jaguar, argumentando que se trata de violencia motivada por misoginia. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a Sansores y afirmó que el objetivo de la denuncia no es el encarcelamiento, sino el reconocimiento de una agresión de género.
La situación ha sido vinculada por organizaciones de prensa con un ambiente de hostilidad creciente hacia el periodismo en Campeche. La reducción de medios impresos y el aumento de litigios contra reporteros han sido señalados como factores que limitan la libertad de expresión en el estado.
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