Diputados avalan ley que permite intervención de teléfonos y acceso a datos personales en investigaciones de seguridad pública

En medio de protestas, pancartas con la leyenda “Ley Espía” y acusaciones de fraude legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de dos nuevas leyes que redefinen el modelo de seguridad pública en México y refuerzan las capacidades de inteligencia del Gobierno federal: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Ambas legislaciones otorgan nuevas y amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional para acceder a bases de datos personales, registros biométricos, datos bancarios, telefónicos, fiscales, catastrales, de transporte, salud, propiedad, comercio y telecomunicaciones, tanto públicos como en posesión de entes privados.

Esto se hará bajo control judicial, con el argumento de “extraer indicios e información útil para generar productos de inteligencia”. El dictamen fue aprobado con 444 votos a favor y enviado al Senado para su revisión.

Legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y una fracción del PRI expresaron su rechazo al proceso legislativo, al que calificaron como atropellado, y advirtieron sobre un “peligroso modelo de vigilancia estatal”.

“Se eliminó el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, lo cual suena muy bien, pero es una modificación engañosa porque se mantiene la concentración de información en manos del Gobierno”, criticó la diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano.

Acceso a datos sensibles, sin precedentes

Las reformas permitirán que la SSPC solicite información directamente a instituciones públicas y privadas, incluidas entidades financieras, empresas de telecomunicaciones y registros de propiedad o comercio.

Además, se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que contará con una Plataforma Central de Inteligencia interconectada con sistemas federales y locales. Esta última deberá entrar en operaciones en un plazo de 180 días.

Dicha plataforma también podrá acceder a información de la Secretaría de Gobernación, a través de la Plataforma Única de Identidad, que almacenará registros de población, desapariciones y búsqueda de personas.

Por su parte, la Guardia Nacional recibirá facultades explícitas para realizar actividades de inteligencia y de investigación en tareas de seguridad pública, lo cual ha sido duramente cuestionado por especialistas en derechos humanos y privacidad digital.

Las “mesas de paz” y la nueva obligación estatal

Las leyes aprobadas establecen nuevas responsabilidades para las entidades federativas. Los gobiernos estatales y municipales estarán obligados a encabezar “mesas de paz”, desarrollar programas de prevención del delito y profesionalizar a sus cuerpos policiales. Además, deberán informar de forma periódica sobre resultados y políticas implementadas.

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública también fue fortalecido. Ahora podrá cancelar las aportaciones federales a estados y municipios que incumplan acuerdos de seguridad, decisión que podrá incluir la restitución de los recursos a la Tesorería de la Federación.

En el sistema penitenciario, se instruyó que los centros de reinserción instalen equipos permanentes para bloquear señales de celular, radiocomunicación o transmisión de datos.

Acusaciones de “Ley Espía” ¿Por qué se considera así?

Aunque el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) defendió la iniciativa como una medida para enfrentar el crimen organizado, la oposición calificó las reformas como una amenaza a la democracia y a los derechos individuales.

“No se trata de espiar a nadie, sino de cerrar espacios al crimen que se esconde detrás del anonimato”, aseguró un legislador de Morena durante la sesión.

En paralelo, el Senado avaló la Ley Antilavado, que permite monitorear a “Personas Políticamente Expuestas” (PPE) e investigar movimientos financieros sospechosos sin orden judicial. La legislación, defendida como un instrumento para combatir recursos ilícitos, fue criticada por la oposición por su vaguedad y su potencial uso como “herramienta de persecución política”.

La senadora del PRI, Anabel Ávalos, alertó que la 4T está construyendo un aparato de vigilancia estatal sin contrapesos reales: “Esta reforma no busca combatir el lavado de dinero, busca amedrentar a quienes piensan distinto al régimen”.

Aunque las reformas fueron avaladas por mayoría, su implementación requerirá nuevos mecanismos institucionales y recursos técnicos considerables. La Plataforma Central de Inteligencia deberá estar lista antes de que termine 2025. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad se mantendrá abierto y tenso.