Vinculan a proceso a dos personas por supuesta venta de terrenos y daños al manglar en el puerto de Sisal, Yucatán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recientemente dio a conocer la vinculación a proceso a dos personas por estar supuestamente involucradas en la venta de terrenos irregulares en el puerto de Sisal, Yucatán.

De acuerdo con la procuradora Mariana Boy Tamborrell “lo que hemos visto en Sisal a lo largo de varios meses ha sido una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación. Esta conducta es inaceptable, especialmente porque estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta”.

La investigación se realizó tras una propuesta que la Profepa le hizo a la Fiscalía General de la República (FGR) con relación al desmonte ilegal de la vegetación, el cambio del uso del suelo y por la violación de sellos de clausura.

El proceso se registró el pasado 2 de junio, cuando un juez vinculó a proceso y ratificó la para Jorge “N” y José Alfredo “N”, por el presunto daño a manglares para la lotificación y venta de terrenos ganados al mar en el Puerto de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán.

Estas afectaciones en el manglar son consideradas un delito, que se menciona en el artículo 240 Bis fracción I, del Código Penal Federal, en la que se señala además la pena, que puede ir de dos a diez años encarcelado y la multa de 3 mil días a quién resulte responsable de dañar, resecar, rellenar humedales, lagunas, esteros, pantanos, manglares o cuerpos de agua.

En los meses de febrero y marzo de 2025, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación arbustiva y matorral costero asociadas a una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) que en total suman 37 mil 784 metros cuadrados, que llevó a la imposición de clausuras y abrió procedimientos administrativos para frenar estos ilícitos.

Los sellos de clausura colocados por la Profepa fueron violados en reiteradas ocasiones, reanudando los procesos de desmonte de vegetación e incluso lotificando terrenos, todo eso sin contar con la autorización de la autoridad ambiental federal, por lo que la procuraduría presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

Para frenar estos ilícitos y buscar alternativas de solución en las que se atendieran las necesidades de la población, autoridades municipales y estatales de Yucatán, la Profepa y la Semarnat establecieron mesas de diálogo con los habitantes de la zona, en las que se acordó buscar lugares alternativos para la construcción de viviendas.

Pese a la realización de estas reuniones, los procesos de desmonte y lotificación de la zona federal marítimo terrestre continuaron.

Finalmente, la procuradora señaló “vamos a continuar trabajando de la mano de la FGR y de otras instituciones para robustecer la carpeta del caso; además, se mantendrán los operativos de inspección y vigilancia, las clausuras y los procedimientos administrativos a través de los cuales buscamos la reparación del daño y la protección de los ecosistemas costeros”.