La detención del exalcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ha generado un fuerte rechazo por parte de la comunidad jurídica en Sinaloa.
Fue así que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal, calificó la acción como un “atropello a los derechos humanos y una violación flagrante a la Constitución”, luego de que la Fiscalía del Estado ordenara su aprehensión el pasado viernes.
De acuerdo con Villarreal, la autoridad judicial autorizó la detención pese a existir un amparo federal vigente que protegía a Vargas Landeros, así como una constancia médica que avalaba la enfermedad del exfuncionario. “Es una violación flagrante a un amparo emitido por una autoridad federal, violentado por un juez de primera instancia que ordenó la detención”, señaló el jurista.
El exalcalde fue presentado ante un juez de control en Culiacán acusado del presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos durante su administración. Tras la audiencia inicial, el juez Carlos Alberto Herrera otorgó un plazo de 144 horas -seis días- para resolver su situación legal.
El agraviado, a través de un comunicado, describió su detención como un acto “injusto” y denunció que agentes de la UNESA lo interceptaron afuera de su domicilio “a punta de pistola”, justo minutos después de salir del hospital donde se recuperaba de una intervención médica. Asimismo, afirmó que las autoridades calificaron como improcedente el amparo que él poseía.
“No es casualidad, es un mensaje, pero no me intimida ni me quiebra”, expresó el exalcalde. Agregó que continuará enfrentando el proceso legal “con la frente en alto, con la ley en la mano y con la firme convicción de que nadie puede detener una causa que nace del pueblo”.
La Federación de Abogados de Sinaloa manifestó, en un comunicado, su preocupación por lo que consideran una tendencia a violentar garantías individuales y procesos legales, especialmente en casos políticos. En este sentido, el caso de Vargas Landeros se suma a las situaciones similares de otros exalcaldes morenistas, como Guillermo “El Químico” Benítez de Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, ambos desaforados y separados de sus cargos durante la administración estatal encabezada por Rubén Rocha Moya.
Expertos legales consultados destacan que la existencia de un amparo federal tiene jerarquía superior a la resolución de un juez local, por lo que su desacato puede configurar una grave falta al debido proceso y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana.
Cabe decir que hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones de detención ilegal ni ha explicado la aparente contradicción entre la orden judicial y el amparo vigente. El caso continúa bajo análisis y espera que en las próximas horas se defina el estatus legal del exalcalde.
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