
Desde su fundación como país, el territorio mexicano ha vivido múltiples transformaciones que han delineado y deformado sus límites geográficos internos. En la actualidad, por consenso de sus habitantes, existen 32 entidades federativas, aunque en las décadas más recientes ha habido grupos que han buscado la conformación del estado número 33 en el norte del país.
El estado de La Laguna es uno de los proyectos que, a pesar del ímpetu de sus impulsores, no ha logrado ser materializado. Su consecución implicaría la fusión de regiones y municipios pertenecientes a dos estados de la República Mexicana, lo que moldearía de nueva cuenta la división política mexicana, así como todos los procesos que emanen en el ámbito social, político y económico.
El proyecto de la creación del estado libre y soberano de La Laguna fue presentado en una ocasión ante la Cámara de Diputados. En el documento que buscó reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se tomó en cuenta una petición realizada por habitantes de la Comarca Lagunera.

Este fue el proyecto con el cual se buscó la creación del estado 33 de la República Mexicana
En la sesión celebrada el viernes 23 de noviembre de 1990, el diputado Teodoro Altamirano Robles, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), presentó una iniciativa para reformar el artículo 71, fracción II de la Constitución General de la República; 55, fracción II y demás atinentes del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los argumentos presentados por los habitantes de la Comarca Lagunera eran de diversa índole. En primer lugar, expusieron el apoyo de la región lagunera durante el movimiento armado de 1910 para el triunfo de la causa revolucionaria. De igual manera, argumentaron contar con la capacidad económica necesaria para dar vida al naciente estado al contar con las fuentes de trabajo necesarias.
Y es que, según se enunció en el tercer punto, en la extensión territorial de 52 mil kilómetros cuadrados habitarían un total de un millón de personas, aproximadamente, de acuerdo con censos de la época.

De haberse aprobado, se contemplaba la incorporación de los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Nazas, Cuencame, Santa Clara, Simón Bolívar, Inde, Villa Hidalgo y San Juan de Guadalupe, de Durango. En tanto, Coahuila hubiera cedido los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca, San Pedro, Parras y Torreón, el cual fungiría como capital.
Otro de los argumentos presentados por los impulsores de la iniciativa tuvo que ver con la lejanía de los habitantes de los municipios mencionados a las capitales de los dos estados. Dicha lejanía, según indicaron, representa trabas burocráticas, de tal suerte que al conformar el nuevo territorio también podría haber una mejora en la calidad de vida de las personas dentro del territorio.

“Persiguen como objetivos la de elevar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, elevar el nivel de primacía de los municipios que lo conforman, su grado de urbanización, sus enlaces carreteros, su nivel académico con suficientes escuelas a nivel primaria, secundaria, tecnológica y universitaria para lograr nuevos espacios por los habitantes de La Laguna, mismos que unidos social, jurídica y políticamente, servirían de base para dinamizar las relaciones sociales y económicas para abatir la inflación administrando sus recursos físicos y humanos que actualmente se desperdician por la lejanía de las autoridades de dichos estados, mismos que no han logrado el bienestar colectivo de los laguneros”, se lee en uno de los apartados del documento.
Aunque la iniciativa no fue aprobada en el momento de su presentación, años después, en el 2020, el legislador Porfirio Muñoz Ledo propuso retomar el proyecto de fundación del estado de La Laguna para “regionalizar de otra manera el país”.
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