“México es un país en guerra”: por 17 años consecutivos ha ocurrido un crimen de lesa humanidad cada 5 días

Con un nivel de violencia más alto del ‘normal’; víctimas de homicidios de manera recurrente y permanente en algunas regiones del país; grupos beligerantes con organización jerárquica y capacidad de fuego suficiente; y un crimen de lesa humanidad cometido cada cinco días durante 17 años: “sí, México es un país con un conflicto armado interno. Es un país en guerra”.

Infobae México conversó con dos de los tres escritores del libro Permiso para matar (Paris Martínez y Jacobo Dayán), una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano durante los tres sexenios transcurridos desde que se le declaró la guerra al narcotráfico.

Los periodistas recogieron los testimonios de familiares de víctimas, no “colaterales” como las llamó el expresidente Felipe Calderón, sino de las estrategias y políticas de seguridad que permitieron el asentamiento y crecimiento de los grupos criminales provocando que “todas y todos los mexicanos seamos posibles víctimas del Estado”.

Las palabras anteriores son de los escritores Paris Martínez y Jacobo Dayán, quienes recuerdan que hay un marco normativo establecido en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho internacional Humanitario que no sólo define la existencia de un conflicto armado, sino que han derivado en convenios suscritos por México para atender crímenes de guerra y de lesa humanidad en los que podría intervenir la Corte Penal Internacional; sin embargo, “México no ha querido reconocer el conflicto armado porque tendría repercusiones económicas importantes”.

Impunidad cerca del 100 por ciento

En la investigación contenida en Permiso para matar, sus autores encontraron un total de 600 mil carpetas de investigación abiertas contra medio millón de personas procesadas por su presunta participación en delitos que involucran al crimen organizado; empero, en el 97 por ciento de los casos las autoridades no lograron comprobar la comisión del delito y/o la participación de los detenidos en los crímenes investigados.

Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, enfatiza en que entre las principales conclusiones que arrojó la investigación -además de la violencia ejercida por el Estado Mexicano- se encuentra la impunidad y el reconocimiento de que no se trata de casos aislados:

Desde que se inició la ‘guerra contra el narcotráfico’ los autores del libro pudieron recopilar mil 800 casos cometidos por fuerzas de seguridad que, aunque no representan la totalidad de los crímenes de Estado, sí permitió notar un patrón: se investigó a autores materiales, nunca (o pocas veces) a intelectuales, lo que “impide tener un control sobre el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”.

Una deuda de Estado

¿Cuánta violencia es necesaria para terminar con la violencia que azota a varios estados del país?, se le preguntó a los autores del libro Permiso para matar; la respuesta vino de parte de Jacobo Dayán: “cuánto Estado se necesita para acabar con la violencia”.

El especialista concuerda que la violencia -entendida como el uso de las fuerzas públicas y armadas- es necesaria para combatir al crimen organizado, sin embargo, enfatiza que tienen que estar bien capacitadas y supervisadas, con instrucciones claras y acompañadas con servicios de inteligencia; pero sobre todo, “se necesita justicia”.

Las cifras de violencia y de víctimas de esa violencia en México son -desde años atrás- alarmantes: más de 100 mil desaparecidos; más de 190 homicidios sólo durante la actual administración federal; más de 5 mil fosas clandestinas halladas desde el inicio de la ‘guerra’ que Felipe Calderón le declaró al narcotráfico en diciembre de 2006 y miles de familiares buscando justicia en un estado con cerca del 100 por ciento de impunidad.

Empero, los autores de Permiso para matar enfatizan que ya no se trata de si la violencia es una herencia de los gobiernos anteriores; “no son los muertos de Calderón, Peña Nieto o López Obrador: son los muertos, los asesinatos y los desaparecidos del Estado. No es una deuda de gobierno, es una deuda de Estado”.