Dejan libres a dos militares implicados en ejecución extrajudicial de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Cinco jóvenes, identificados como supuestos miembros del Cártel del Noreste, fueron ejecutados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarde del 18 de mayo de 2023. Más de un año después, los últimos dos militares que se encontraban recluidos por los hechos quedaron libres.

Según reportes del periodista Manuel Espino, publicados en El Universal, un sargento segundo y un cabo de Transmisiones abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A luego de que un juez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, modificara sus medidas cautelares.

Ambos agentes fueron procesados y sentenciados por desobediencia en el fuero militar, pero se acogieron al beneficio de la libertad condicional bajo la autorización del juez, quien consideró que ya no existían condiciones que hicieran necesaria su permanencia en prisión.

Al conceder este cambio a su medida cautelar, el juez ordenó que se presentaran semanalmente a firmar un documento, les prohibió abandonar el país y deberán ofrecer una disculpa pública.

Durante la audiencia encabezada por el juez Ricardo Rivera Pacheco, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) anticipó que apelaría la resolución ante un Tribunal Colegiado debido a que los castrenses tienen una acusación vigente por el delito de homicidio, el cual amerita prisión preventiva oficiosa.

No obstante, según la información compartida por Espino, Rivera Pacheco justificó su determinación con el hecho de que el juez que lo antecedió dictó prisión preventiva justificada, no oficiosa.

Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa es un recurso que la autoridad judicial impone a los imputados por ilícitos que se consideran graves, como el homicidio doloso. Por otro lado, la prisión preventiva justificada es una medida que un juez puede aplicar si se considera, a partir de una serie de evidencias, que la libertad de la persona investigada puede poner en riesgo el proceso de impartición de justicia.

La ejecución extrajudicial perpetrada por agentes de la Sedena se hizo pública mediante un video difundido por los medios Proceso y El País. El material, captado por cámaras de seguridad, mostró a un comando militar sometiendo y golpeando a los jóvenes. Cuando los supuestos sicarios estaban rendidos y desarmados, los uniformados descargaron sus armas en su contra y, después, colocaron rifles junto a los cadáveres para alterar la escena.

Por medio de una recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que “no se requería el uso de las armas de fuego en contra de las víctimas, pues [...] la presunta agresión que se encontraban repeliendo [los militares] venía de la maleza, y no así de [las víctimas], quienes, al encontrarse rendidos, sometidos y desarmados, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas”.

Las víctimas de esta ejecución fueron identificadas como José Ángel Moreno Pool (27 años), Edgar Chavarría Rico (38 años), Jorge Antonio Colector Pineda (32 años), José Isabel Rivera Vega (23 años) y Clinton Alex Blucha Pérez (25 años).