La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, explicó qué pasará con la decisión de la prisión preventiva oficiosa, resolución que dará a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas, la cual pretende liberar a decenas de presuntos delincuentes.
Durante la conferencia matutina de este martes, Alcalde Luján advirtió que esta decisión vulnera la soberanía nacional y pone en riesgo a los ciudadanos, ya que se trata de presuntos delincuentes vinculados con organizaciones delictivas y que tienen capacidad económica y operativa, entre otros.
También pondría en riesgo a los testigos y víctimas, que son las personas que han acusado a los victimarios, a los policías, personal de la Fiscalía, juzgadores, entre otros.
“Creemos que la SCJN no solo se excede, sino que toma la decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
De acuerdo con la Constitución se establece en el artículo 19, párrafo segundo, que las personas acusadas que por su delito o su gravedad, están considerados como de alto impacto para la sociedad. Por ejemplo, delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, homicidio, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso en prisión preventiva para garantizar que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone invalidar el
Art 19 Constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio.
Esto se toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), y solicita al país que se deben adecuar las leyes y eliminar la prisión preventiva.
“Aunque la resolución de la Corte Interamericana obliga al estado mexicano, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones, una sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, explicó la titular de la Segob.
¿Qué pasaría si quitan la prisión preventiva?
Luisa María dio a conocer que esta decisión concluiría en la posibilidad de liberar 68 mil presuntos delincuentes qué están bajo prisión preventiva oficiosa, entre los que destacan más de 11 mil personas acusadas de homicidio, 7 mil 149 de secuestro, 5 mil 617 de violación, entre otros.
Por ello, el gobierno de México envió una carta a la SCJN para externar las preocupaciones y los riesgos que desencadenaría la eliminación del Art. 19.
Además de plantear que la problemática surge en los juzgados, ya que a su parecer, incrementa el tiempo en establecer una pena
“La carga excesiva se da en la Fiscalía y juzgados. Si deporsi tardan, está medida va a aumentar estos tiempos”, sentenció.
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