Una reciente investigación publicada por Juan Montes, corresponsal de The Wall Street Journal en México, señala que durante el gobierno Andrés Manuel López Obrador, células aliadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han incrementado en número e influencia.
La política de “abrazos, no balazos” se ha visto reflejada en una disminución de arrestos, que pasaron de 21 mil 700 en 2018 a dos mil 800 en 2022, según datos del gobierno federal retomados por WSJ.
Una de las estrategias que los grupos criminales han logrado mantener durante la presente administración ha sido la infiltración en los gobiernos municipales.
Dos exalcaldes del estado de Guerrero, cuyas identidades se mantuvieron bajo resguardo, revelaron al periodista que varios presidentes municipales han sido amenazados para designar miembros de grupos criminales en puestos de las tesorerías locales.
La irrupción de las estructuras delictivas en dichos cargos les da un fácil acceso a contratos de construcción municipal, adquisiciones y otros servicios públicos, sostiene Juan Montes en el reportaje titulado La política criminal de México de ‘abrazos, no balazos’ propaga dolor, asesinato y extorsión.
Samuel Logan, director de la consultora de seguridad estadounidense Southern Pulse, sugirió que muchos funcionarios locales afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpretaron el principio de “abrazos, no balazos” como un permiso para aceptar la presencia y operación de grupos criminales a cambio de una reducción de amenazas y crímenes violentos.
El beneficio de los cárteles se vería traducido en un mayor financiamiento a sus grupos de sicarios y a las actividades relacionadas con la producción y tráfico de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. Pese a los golpes que las fuerzas de seguridad han dado contra el CJNG y el Cártel de Sinaloa, el trasiego de drogas sintéticas sigue siendo su negocio más lucrativo, de acuerdo con WSJ.
Narco y gobiernos municipales: el caso de Chilpancingo
En años recientes han sido comunes los señalamientos por presuntos vínculos entre políticos a nivel municipal y organizaciones delictivas. Uno de los más mediáticos surgió luego de que se hiciera público un video de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, en una reunión con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos.
Aparentemente, este encuentro habría ocurrido en 2021, poco después de que la morenista ganara las elecciones. Acorde con declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza para Quadratín, con ese acercamiento Los Ardillos pretendían que la recién electa presidenta municipal garantizara el acceso a ciertas actividades comerciales y de comunicaciones.
Sumado a ello, el religioso explicó que Los Tlacos —grupo contrario a Los Ardillos— habrían apoyado la campaña política de Norma Otilia Hernández, por lo que se habrían adueñado de negocios como extorsiones a comerciantes y transportistas en Chilpancingo.
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