Casi un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la reforma de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Guardia Nacional opere bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente presentó una nueva iniciativa sobre el mismo tema.
Por conducto de Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, el Congreso recibió la propuesta del Ejecutivo Federal para que la Guardia Nacional sea reconocida como parte de las Fuerzas Armadas a nivel constitucional.
Específicamente, López Obrador propone que la GN, como institución policial, quede adscrita de manera permanente a la Sedena “con la función esencial de apoyo a la seguridad pública”.
Dentro de los puntos principales de esta reforma se encuentra el plan para que las y los guardias nacionales “queden sujetos al fuero militar” para efectos disciplinarios.
Como parte de esto, quienes integren la GN gozarían de “los mismos beneficios que las Fuerzas Armadas, como el pago de salarios y prestaciones que les corresponda conforme a los grados que obtengan”, el acceso a la seguridad social de las instituciones castrenses y el derecho de vivienda para ellos y sus familias”.
Según el proyecto, esto no impedirá que, en caso de cometer delitos o violaciones a los derechos humanos, los responsables sean presentados ante tribunales civiles.
Otro aspecto de alta relevancia dentro de la iniciativa es la modificación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El texto vigente especifica que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. La intención de López Obrador es que esta facultad sea extensiva también a la Guardia Nacional, lo que la convertiría en una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la propuesta de reforma señala que el personal militar y naval que ya integra este cuerpo castrense sería reclasificado con un nuevo nombramiento dentro de la GN, respetando su antigüedad y derechos correspondientes a su Fuerza Armada de origen.
Finalmente, en los transitorios del proyecto se especifica que el presidente podría disponer que la Sedena transfiera “los recursos presupuestarios y financieros” necesarios para la operación de la Guardia Nacional.
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