
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se impugnó el amparo de Mario Aburto Martínez, el cual le permitiría salir de prisión el próximo año, luego de permanecer casi tres décadas tras las rejas.
A principios de octubre, el Primer Tribunal Colegiado Penal en Toluca concedió un amparo en favor de Mario Aburto. Con ello se dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que el oriundo de Michoacán recibió por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Baja California.
El amparo se presentó con la finalidad de que Aburto recibiera una pena por el delito de homicidio según el Código Penal de Baja California de aquel entonces, que contemplaba un máximo de 30 años, y no con base en el Código Penal Federal.
Con este recurso, el magnicida podría recuperar su libertad en marzo de 2024 aproximadamente. Sin embargo, a mediados de octubre la FGR impugnó dicho amparo, el cual ahora fue aceptado por la SCJN.

Fue el pasado 5 de diciembre que la Suprema Corte admitió a trámite el recurso de la FGR para revisar el amparo que se le concedió a Mario Aburto. Fue la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, quien turnó el expediente al ministro Jorge Pardo Rebolledo para su respectivo estudio, según reportes de Milenio.
Este caso será estudiado por la Primera Sala de la Corte hasta el próximo año, debido al periodo vacacional de diciembre. Se argumentó que el asesinato perpetrado por Aburto pertenece al ámbito federal, toda vez que la víctima era un aspirante a la Presidencia de México.
En marzo de 2024, Mario Aburto cumplirá 30 años en prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien el 23 de marzo de 1994 acudió a Tijuana, Baja California, para realizar un mitin en la colonia Lomas Taurinas, sin saber que serían las últimas palabras que pronunciaría.
La sentencia de 45 años contra el llamado “Asesino solitario” fue emitida el 22 de diciembre de 1994. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sostenido que la confesión de Aburto fue obtenida con base en una serie de torturas.
De acuerdo con la CNDH, el caso de Aburto “está plagado de irregularidades, omisiones y encubrimientos”, según quedó asentado en la Recomendación 48VG/2021.
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