La noche del 2 de diciembre en Nuevo León se vio envuelta en un episodio de incertidumbre política cuando Enrique Orozco, recién ratificado como Gobernador Interino, y Samuel García, saliente gobernador, protagonizaron un conflicto de declaraciones y acciones que dejaron a la opinión pública sumida en la confusión.
Todo comenzó con la ratificación de Enrique Orozco como Gobernador Interino y su posterior salida del edificio de Gobierno. Fue en ese momento que Samuel García, apelando a su cuenta oficial de redes sociales, emitió una declaración que generó sorpresa y controversia. García afirmó la rectificación de su posición como gobernador, apoyándose en fundamentos legales específicos. Según el documento compartido:
Esta declaración de Samuel García marcó el inicio de una serie de acontecimientos confusos que pusieron en duda la estabilidad política en la entidad. Contrastando con la ratificación oficial de Orozco, la posición de García añadió un elemento de tensión a la escena política.
La situación tomó un giro inesperado con la intervención de Javier Navarro, actual Secretario General de Gobierno, quien se encontraba presente durante las declaraciones de Orozco.
Navarro comunicó que Samuel García presentó, respaldado por documentación oficial, su intención de retomar sus funciones como gobernador del estado de Nuevo León. Este revelador anuncio complicó aún más el panorama político, generando incertidumbre sobre quién realmente detenta el liderazgo en la entidad.
En medio de la confusión y las versiones encontradas, Enrique Orozco optó por no presentarse junto a Samuel García y eligió abandonar el Palacio de Gobierno.
Durante su salida, expresó su determinación de ejercer el cargo de Gobernador de Nuevo León, ya sea en el edificio gubernamental o en la instancia que corresponda.
El contraste entre la asunción oficial de Orozco y la declaración de García añade una complejidad adicional a la situación política en Nuevo León.
El escenario se presenta como un desafío para la estabilidad gubernamental en la región, y la resolución de esta controversia será crucial para el futuro político de Nuevo León.
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