
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra arrinconado de cara al final de su sexenio debido a una promesa hecha por él mismo: el caso Ayotzinapa. Y es que con casi cinco años de gobierno, el caso parece desmoronarse con criminarles confesos en libertad y la comprometida situación de tener que ir contra el ejército.
De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, el mandatario tiene pendiente resolver la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014 y por ende, necesita encontrar responsables “suficientemente atractivos” para poder cumplir con su promesa de campaña y en aras de intereses político-electorales rumbo al relevo de 2024.
No obstante, el nombramiento de Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la salida de Adán Augusto López, parece como una “victoria” para el Ejército, pues relevó a Alejandro Encinas del cargo (había quedado como encargado de despacho), un “enemigo declarado” de los militares, según el analista político.

“Sin embargo, no es así. Alcalde entró al relevo por razones políticas y electorales, de la misma forma como el presidente López Obrador necesita encontrar culpables suficientemente atractivos para la opinión pública, también por razones político-electorales, y cumplir con su promesa de campaña”, escribió Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal de este 20 de junio.
Además, Riva Palacio acusó que contrario a las intenciones, la investigación de la actual administración ha ha sido perjudicial puesto que en lugar de conseguir avances, se han generado nuevos vacíos, dudas y deficiencias que han beneficiado a implicados y sospechosos.
Específicamente en relación a 16 mandos militares que quedaron en libertad y de quienes se busca regresarlos a prisión con órdenes de aprehensión recicladas en el el marco de “un momento crítico” en donde el caso “se ha venido derrumbando”. Para ejemplo, menciona, la absolución del delito de secuestro para José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, hace poco menos de un mes.
De igual forma, cuestionó la estrategia que la Fiscalía General de la República (FGR) siguió para pactar con criminales y utilizarlos como testigos para que declararan contra los militares (que se encuentran libres) a cambio de su libertad, cuando las pruebas de su participación los hacían merecedores de prisión: “una terrible irresponsabilidad”, sostuvo el periodista.

“Pero prefirieron tenerlos libres y como testigos contra militares, arrinconando en el final del sexenio a López Obrador, a quien han dejado sin opciones para cumplir su promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, salvo ir en contra del pilar que sostiene a su gobierno”, aseguró Riva Palacio.
Caso Ayotzinapa: un crimen de Estado
En agosto de 2022, ocho años después de sucedido, la Comisión de la Verdad presentó un informe fruto de las nuevas investigaciones que tiraron la llamada “verdad histórica” y que por primera ver representó la declaratoria oficial de que la desaparición de los 43 estudiantes se trató de un crimen de Estado.
En ese entonces, Alejandro Encinas presentó los resultados en lo que además de la aceptación, se confirmó que entre las víctimas se encontraba un soldado infiltrado que fue dejado a su suerte, así como se anunció que no existían indicios de que los normalistas pudieran contar con vida.
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