
Filtraciones de información confidencial y vulneración de datos personales forman parte de la relación que mantuvo una congregación religiosa y un grupo de servicios médicos privados con alto prestigio en México. Se trata de los Legionarios de Cristo -cuyos miembros cometieron abusos sexuales- y Médica Sur S.A.B. de C.V.
A través del expediente 917/2017, al que la organización PODER tuvo acceso, se dio a conocer la manera en que dicha congregación expulsaba a los párrocos que habían contraído el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ocasionándoles un daño moral al verse imposibilitados de ejercer su profesión católica.
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Debido a estas irregularidades, uno de los perjudicados -identificado como Padre “N”- denunció en 2017 a los Legionarios de Cristo, quienes en otras ocasiones han sido señalados del delito de pederastia en contra de cientos de menores de edad. En estos abusos también participó su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel Degollado (1920 - 2008).
En el expediente -que se interpuso ante el Juez Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México-, se responsabiliza a la empresa Médica Sur por haber violado los datos personales de sus pacientes, ya que entregaba informes clínicos a la congregación religiosa, además de obtener pruebas sin su consentimiento.
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En la demanda presentada, el Padre “N” acusó que fue internado en el Hospital Médica Sur, pues vivía con VIH sin tener conocimiento de ello. Indicó que “de forma indebida” y sin solicitar su consentimiento le realizaron la prueba del virus y entregaron dicha documentación a los Legionarios de Cristo, congregación a la que pertenecía.
Debido a la enfermedad crónica que había adquirido siete años atrás mediante una transfusión, el Padre “N” fue expulsado de la agrupación fundada en 1941, lo que le ocasionó un daño moral, toda vez que actualmente no puede ejercer sus facultades religiosas.
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Fue así como en marzo de 2020, la Corte del 1° civil del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) determinó que los jueces locales sí tienen competencia para conocer este caso, pues las asociaciones religiosas habían indicado que el Poder Judicial supuestamente no podía juzgar a la Iglesia.
En los informes recabados se señala que María del Rocío Murphy Maciel, sobrina de Marcial Maciel, era la trabajadora de Médica Sur que se encargaba de filtrar la información a los Legionarios de Cristo. Asimismo, ella fue asignada como la médica de cabecera del Padre “N”.
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La organización PODER corroboró que, en efecto, María del Rocío fue quien recibió los estudios médicos del demandante, aunque él no tuvo acceso a los mismos. Es por ello que con la demanda presentada, el Padre “N” busca “dejar un precedente del derecho religioso para todas las personas sin importar su estatus serológico”, que refiere a la presencia o ausencia de anticuerpos detectables contra un antígeno en particular.
Actualmente el conflicto aún continúa en los tribunales, mientras que Médica Sur ha gozado de una serie de privilegios que incluyen un contrato de adjudicación directa con el gobierno de San Luis Potosí, el cual se firmó en julio de 2020 por una suma de más de 43 mil pesos, bajo el concepto de pruebas de anticuerpos de COVID-19.
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Pese a estas supuestas ilegalidades, los laboratorios de Médica Sur fueron certificados por la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Epidemiología (INDRE), de la Secretaría de Salud (Ssa), para realizar el diagnóstico de COVID-19.
En tanto, en octubre de 2019 los Legionarios de Cristo publicaron el informe “Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso”, en el que reconoció que, además de los abusos perpetrados por su fundador, alrededor de 175 menores de edad sufieron violaciones cometidas por al menos 33 sacerdotes de la congregación, lo que dejó una indeleble marca en su comunidad.
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