Cimbronazo en el caso Chocolate: renuncian los abogados de los Albini y la fiscal amplía la investigación sobre la estafa

El caso de Julio “Chocolate” Rigau acaba de sufrir un cimbronazo. Un informe pericial realizado por la Policía Federal demostraría que la maniobra implicó una estafa al Estado de al menos $400 millones, solo entre 2022 y 2023, aunque esa cifra se podría multiplicar si se confirma que la operatoria se remonta hasta 2012. Ese estudio aterrizó el miércoles en Tribunales y disparó una serie de medidas de prueba urgentes. Ese mismo día, la fiscal Betina Lacki pidió informes a la Cámara de Diputados, a la AFIP, a IOMA, y al Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) para ampliar la pericia.

No es la única novedad en la causa. El abogado de Facundo y Gustavo Albini, los dos principales imputados junto a Rigau, Gustavo Galasso, renunciará a su defensa la semana próxima “por discrepancias en la estrategia”, según pudo saber Infobae. Junto a Galaso presentarán su renuncia otros tres abogados.

Los Albini seguirán siendo defendidos por el estudio de Maximiliano Rusconi, que ya había ingresado al expediente en el mes de febrero. De hecho, Gabriel Palmeyro, abogado de ese estudio, estuvo presente en todas las testimoniales que se tomaron en las últimas semanas.

Claudio y Facundo Albini siguen detenidos y su prisión preventiva fue confirmada hace un mes por la Cámara de La Plata.

Claudio ingresó a la Legislatura bonaerense en enero del 2000, cuando la provincia de Buenos Aires era comandada por Carlos Ruckauf. Su primer contrato, a pedido del bloque del PJ, llevaba la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro, y del vice, Alejandro Mosquera. En diciembre de 2015, tras el triunfo de María Eugenia Vidal en la Provincia, Claudio Albini fue nombrado como Director de Personal. No duró mucho en ese cargo. En enero de 2017 pasó a la Subdirección de Personal, un cargo que depende directamente de la Secretaría Administrativa.

Albini no tenía mensajes con Rigau pero era aludido en varios chats. Además su firma aparece en varios partes de recepción de las tarjetas de débito que utilizaba Rigau para retirar dinero. En cambio, su hijo, Facundo, tenía decenas de mensajes con el puntero.

En diciembre de 2015, durante la gestión de Cambiemos, Facundo Albini fue designado como Director de Estudios de Políticas Públicas y Legislativas. Y enero de 2017 saltó al cargo de Director de Control y Gestión. En las últimas elecciones, renovó su banca por la lista que encabezó Julio Alak. Pero el escándalo de “Chocolate” terminó abruptamente con su carrera política y presentó la renuncia.

Galasso había defendido a los Albini desde su detención, cuando llegaron a amenazar con hablar ante el juez Guillermo Atencio. “La Justicia tiene que ir para arriba”, dijo en su momento Facundo. Esa amenaza nunca se concretó.

La salida de Galasso responde a diferencias profundas con el hijo de Claudio Albini, al que acusa de autodefenderse. “Hay un plan para mantener a todos en silencio”, dijo el abogado en la intimidad.

En las últimas semanas, la fiscal Lacki estuvo dedicada a tomar varias declaraciones testimoniales y tiene audiencias previstas hasta el 10 de abril. Muchos de los dueños de las 39 tarjetas del Senado bonaerense todavía no se presentaron, pero la fiscal ya le advirtió que ordenará que los traigan con la policía si vuelven a faltar.

El miércoles, Lacki recibió un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal y disparó automáticamente todas las medidas de prueba que le sugirieron los peritos. Esa pericia, anticipada por el diario La Nación, determinó que las cuentas correspondientes a las 48 tarjetas secuestradas de la Cámara de Diputados recibieron $395.474.849 en los últimos dos años. De ese total, se extrajeron por cajero $ 369.887.794.

A esos montos hay que descontarle las jubilaciones, la obra social, y las contribuciones patronales. Por ese motivo, los peritos pidieron datos de la AFIP, IOMA, y el Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS). La fiscal sumó también pedidos a la Cámara de Diputados y al Banco Provincia. Entre otros cosas, quiere tener los extractos bancarios desde la de apertura de cada cuenta. Hay algunas que se remontan a 2012.

Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que Julio Rigau recibió transferencias sospechosas desde las cuentas bancarias de algunos de los dueños de las tarjetas. “Del resumen bancario de la cuenta del Banco Provincia de Julio Segundo RIGAU: se observaron transferencias recibidas (la mayoría Cuentas DNI -app del Banco Provincia) de diferentes personas hacia la cuenta del nombrado, durante 2022-2023, muchas coincidentes con los mensajes de Whatsapp y nombrados en la investigación”, dice el informe.