Levantaron la perimetral que impedía acercarse al Congreso a un hombre detenido en las marchas contra la Ley Ómnibus

El juez porteño Juan Cavallari ordenó el cese de la prohibición de acercamiento a un radio de mil metros del Congreso de la Nación recaída sobre una de las personas detenidas durante los operativos de las fuerzas de seguridad desplegado a las afueras del Parlamento a raíz del debate por la Ley Ómnibus a inicios de este mes.

El levantamiento de la medida restrictiva dictada por el magistrado a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 30 se concretó este lunes tras un pedido del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. En efecto, el defensor oficial Hernán San Martín, letrado de Maximiliano Sosa, detenido el 3 de febrero por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso e imputado por el delito de atentado contra la autoridad, solicitó el fin de la restricción sobre su cliente por considerarla arbitraria y desproporcionada.

“La restricción impuesta a mi asistido por la Unidad de Flagrancia Este no responde a la existencia de ningún riesgo procesal, ni peligro de fuga y/o entorpecimiento del proceso, ya que la posibilidad de que mi defendido se acerque al Congreso de la Nación Argentina de ninguna forma implica un riesgo para la investigación penal seguida en su contra, sino que únicamente cobra sentido si el objetivo de la misma es cercenar el derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión, condicionando la presencia del Sr. Sosa en futuras movilizaciones pacíficas”, planteó el abogado en un escrito del viernes pasado dirigido al juez.

La discusión por la aprobación general de la Ley Ómnibus estuvo signada por tensiones adentro y afuera de la Cámara de Diputados de la Nación. Fueron días de grandes tensiones por el cruce entre organizaciones sociales y movimientos de izquierda que rechazaban el proyecto libertario y las fuerzas de seguridad que desplegaron un operativo para aplicar el protocolo antipiquetes elaborado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Sosa fue detenido durante una de esas manifestaciones de protesta. La Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad le impuso una perimetral que le impedía acercarse al Congreso de la Nación en un radio de 1000 metros. También lo imputó por el artículo 237 del Código Penal, que sanciona con un mes a un año de prisión al que “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público”.

En ese marco, el defensor público San Martín, a cargo de la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13, le solicitó al juez del caso la revocatoria de la prohibición en tanto “no tiene como fin garantizar la investigación judicial ni proteger la integridad de un potencial damnificado, resta concluir que la motivación es limitar el derecho a la protesta de mi asistido en el marco de la aplicación de una política de seguridad que entra en conflicto con el ejercicio de sus derechos y del resto de los ciudadanos que pretendan manifestarse pacíficamente”.

“Vale aclarar que esta política de seguridad se encuentra materializada en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de las vías de circulación’, dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 943/20231″, añadió.

“La arbitraria detención de mi defendido se realizó en el marco de la utilización de ese protocolo, que como ya mencioné ubica el derecho a la circulación por sobre el derecho a la manifestación pacífica, en contra de los estándares internacionales de protección”, dijo el defensor, y precisó: “es importante destacar que en la manifestación no existieron hechos de violencia por parte de los manifestantes sino que la violencia fue generada por el desconmensurado despliegue policial”.

A su término, afirmó: “La criminalización de la protesta mediante el uso indebido del derecho penal tiene como pretensión perseguir a quienes participan en las movilizaciones a los fines de disciplinar al conjunto”.

Y señaló: “Esta situación queda plasmada con claridad en el relato vago y genérico desarrollado por el oficial que detuvo a mi asistido, el cual se replica exactamente en otras actas de detención realizadas el mismo día, mostrando un accionar coordinado y planificado cuyo objetivo no fue detener hechos de violencia de parte de los detenidos sino disolver y dispersar la reunión de personas que expresaban su derecho a la petición”.

Para finalizar su pedido, que luego el magistrado porteño validó, el abogado de Sosa señaló que el tratamiento de la Ley Ómnibus “fracasó”, lo que hacía que la imposición de la medida restrictiva no tenga sentido “ya que no se generaron nuevas manifestaciones en la zona del Congreso de la Nación”.