En el Bronx, Nueva York, una serie de testimonios de vecinos afectados por condiciones insalubres y falta de mantenimiento en edificios antiguos impulsó una nueva estrategia municipal para combatir a quienes infringen las leyes del sector privado de alquileres.
El alcalde Zohran Mamdani instauró las “audiencias por estafa de alquiler”, un foro público en el que inquilinos pueden presentar sus reclamos directamente ante autoridades de vivienda, con el objetivo de avanzar hacia una mayor responsabilidad de los propietarios y, como consecuencia, endurecer las acciones legales contra empresas e individuos que reincidan en violaciones.
A pesar de la visibilidad de la iniciativa, identificar a los propietarios reales de los edificios es el obstáculo fundamental. El anonimato facilitado por la multiplicación de compañías de responsabilidad limitada (LLC) en el mercado inmobiliario dificulta cualquier intento de exigir reparación o perseguir judicialmente a quienes administran estos inmuebles, según detalló The Associated Press (AP) en su reciente cobertura y de acuerdo con expertos legales consultados.
Las LLC y la opacidad en la propiedad de los edificios
La estructura legal que permite ocultar la identidad de los dueños mediante LLC ha proliferado en Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos, según advirtió Oksana Mironova, analista de la Community Service Society, la organización sin fines de lucro dedicada a asuntos urbanos. Esta táctica, de acuerdo con la analista, dificulta considerablemente la promesa central de la alcaldía: sancionar de forma directa a los caseros que incurren en negligencia sistemática.
Este fenómeno no se limita al edificio del Bronx donde residen Gulhayo Yuldosheva, Marina Quiroz y Ann Maitin. En este caso, la imposibilidad de identificar al propietario bloqueó durante meses la gestión de problemas como humedad, plagas, cortes recurrentes de calefacción y agua caliente, acumulación de desechos y el uso de los espacios comunes por consumidores de drogas, según expertos legales consultados.
En los últimos tres años, la ciudad ha ordenado reparaciones de emergencia en 38 edificios vinculados a los nombres de Binyomin Herzl o David Kleiner, de acuerdo con el Departamento de Vivienda de la ciudad de Nueva York, y ha emitido facturas que suman USD 446.521 por esas intervenciones.
Testimonios de los inquilinos: condiciones de vida al límite
El relato de los habitantes de 705 Gerard Avenue, un edificio de seis pisos cerca del estadio Yankee, retrata con precisión las consecuencias diarias de este esquema de opacidad.
Yuldosheva teme que el moho presente en su apartamento haya agravado el asma de su hijo. Su vecina Quiroz mostró a funcionarios municipales un video donde se observa a ratas circulando por su cocina.
Durante una avería prolongada del ascensor, Tommy Rodriguez, usuario de silla de ruedas, tuvo que descender por las escaleras arrastrándose, sin obtener nunca respuesta sobre los plazos de reparación. “Ponerse en contacto con la administración para una emergencia en el edificio es como esperar la llegada de la Navidad en julio”, describió Maitin, jubilada que dirige la asociación de inquilinos del inmueble.
Ante la acumulación de incidentes y la falta de información sobre quién respondería ante la ley, los residentes recorrieron cada una de las 72 viviendas para documentar el estado de cada unidad y detectar alteraciones irregulares.
Demandas, multas y resistencia del sector propietario
Las demandas judiciales llevaron a que Herzl sea condenado a pagar más de USD 100.000 por infracciones en al menos seis inmuebles del Bronx, algunos catalogados por los jueces como “peligro inminente”. Herzl rechazó su condición de dueño al ser consultado por AP, negó la relación directa y señaló que solo cumple el papel de intermediario para un grupo de inversores cuyo nombre no quiso revelar.
Por su parte, Kleiner, incluido en la lista de “peores propietarios” de la ciudad, confirmó su participación accionaria en 705 Gerard Avenue, aunque rehusó hacer declaraciones detalladas.
Frente a las críticas, Herzl atribuyó los problemas a “desgaste normal” en edificaciones casi centenarias y sugirió que el alcalde debería enfocar su atención en la vivienda pública municipal, que desde su perspectiva está peor mantenida: “Nuestros edificios parecen hoteles cinco estrellas en comparación con los suyos”.
Desde el sector inmobiliario, Kenny Burgos, director ejecutivo de la New York Apartment Association, opinó que las propuestas del alcalde —incluida la congelación de alquileres— forzarían a recortar partidas destinadas a reparaciones y servicios básicos: “Los edificios están cayéndose a pedazos por la política, no por malos dueños”, declaró Burgos a The Associated Press.
Estrategia municipal y limitaciones legales
La administración de Mamdani propuso utilizar el cobro agresivo de multas como vía para que la ciudad asuma propiedades problemáticas a través de ejecuciones hipotecarias sobre los propietarios morosos. Según el propio alcalde, la intención es clara: “Los propietarios que pongan repetidamente en riesgo a los neoyorquinos no podrán operar en la ciudad de Nueva York, sin excepciones”.
El proceso requiere una inversión considerable de recursos y enfrenta numerosas barreras legales. Así lo explica Cea Weaver, directora de la Oficina para la Protección de Inquilinos del alcalde, quien subrayó la necesidad de contar con un registro transparente de los titulares reales de los edificios regulados.
Un proyecto estatal que habría facilitado la identificación de los verdaderos dueños de las LLC fue vetado recientemente por la gobernadora Kathy Hochul, quien actuó bajo presión de los grupos de propietarios.
Las audiencias públicas: oportunidad y escepticismo entre los vecinos
Las “audiencias por estafa de alquiler” impulsadas por el alcalde han buscado instalar la narrativa de “Neoyorquinos contra malos propietarios” para canalizar la demanda ciudadana de soluciones. Aunque la convocatoria fue anunciada como enfrentamiento, la jornada en el Bronx se desarrolló como una sesión informativa, en la que funcionarios explicaron normativa local, ofrecieron ayuda para trámites y proporcionaron contacto con servicios sociales.
“Me alegra haber sido escuchada por alguien que puede hacer algo sobre el problema”, manifestó Maitin después de la reunión, aunque puntualizó que “es demasiado pronto para saber si solo fueron palabras”.
Al día siguiente, presenció con sorpresa cómo el supervisor del edificio pintaba una escalera y retiraba andamios después de años: “Creo que entendieron el mensaje de las audiencias. Tienen miedo”.
El anonimato de los propietarios y la presión del sector inmobiliario continúan influyendo en la confrontación entre el municipio y los intereses privados, mientras miles de inquilinos aguardan soluciones estructurales a condiciones de vida que vulneran la ley y la dignidad.
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