La AN se queda con la investigación sobre Ceuta y ve "permisividad" y actitud "favorecedora" desde Marruecos

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apuntando a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza indica que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la 'integridad territorial de España', que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

A la vez que señala a "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

Tardón asume la competencia, según indica, al tratarse de presuntos delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La instructora abrió diligencias previas sobre lo ocurrido tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía, que se mostró partidaria de que asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, señaló que el tribunal es competente ya que --según indicó la Fiscalía en una nota de prensa-- "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional".

Tardón recoge en su auto el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre los hechos y que concluyó que no se trató de actuaciones de naturaliza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal y que apuntaba al "guiado activo" de inmigrantes por fuerzas marroquíes.

Y hace hincapié en que ese mismo departamento emitió el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos, una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), "en la que se hacía constar la previsión de un riesgo extremo para un escenario de entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada".

VIOLACIÓN MASIVA DE LA SOBERANÍA

En línea con la Policía, Tardón señala que en la fase en la que se produjo la entrada masiva "revela oleadas de diferente intensidad y perfil, que provocaron un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español y una violación masiva de la soberanía territorial de España".

También se produjeron, añade, "diversos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España que están aún en evolución y se proyectaron en diferentes planos (Seguridad Pública, Sanidad, Servicios Sociales, Defensa, etc.), otros efectos de perfil internacional o geopolítico, efectos en política interna sustentados y amplificados con algunos casos de desinformación/contranarrativa, etc."

La jueza incide en diferentes oleadas de personas de diferente tipología y con "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables" que las integraban, y a quienes, a pesar de sus circunstancias, "se les condujo a lanzarse al mar, sin preparación" ni vestimenta o elementos de auxilio adecuados.

Respecto a las fuerzas de seguridad del país vecino, analiza "la actitud que se advierte en los diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, profusamente documentadas en el informe mediante la incorporación de las imágenes (fotografías y vídeos)" difundidas.

"No sólo evidencia permisividad, puesto que a lo largo de los días 30 y 31 de julio no se registró ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo, sino que, paralelamente, se advierte como los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera", dice, para incidir también en la existencia de agentes dinamizadores no uniformados de la masa de personas que entraron en la ciudad autónoma.

Para la magistrada, los hechos encajan de manera provisional en un supuesto delito que compromete la paz o la independencia del Estado, que señala que "con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados" se expone "a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes".

Tardón añade que había intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, "como bien señaló el presidente del Gobierno, quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio, definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España'".

A ello agrega que fue mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la "guerra híbrida" o "zona gris", con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma".

Y ante la petición de la Fiscalía de acordar el secreto parcial, la instructora señala que así se establecerá respecto de las diligencias de investigación cuya ejecución requiera de la necesidad de evitar el conocimiento por las partes, salvo el Ministerio Público.